A 19 años de la primera despenalización del aborto en México, la organización de sociedad civil UNNA alertó sobre la persistencia de violencia contra mujeres, especialmente en casos de aborto forzado, donde los principales agresores son hombres.
Informe revela datos alarmantes
De acuerdo con el informe “Aborto: La realidad no contada”, elaborado con base en solicitudes de información y datos públicos de fiscalías y juzgados, la organización señala que existe una percepción errónea de que las mujeres son mayoritariamente criminalizadas por este delito. Por el contrario, la mayoría de las personas procesadas son hombres acusados de obligar a mujeres, adolescentes y niñas a interrumpir su embarazo mediante violencia.
Delitos asociados al aborto forzado
El reporte documenta que estas conductas suelen estar acompañadas de otros delitos graves como lesiones, abuso sexual, violencia física y psicológica, tentativa de homicidio e incluso feminicidio. Las víctimas son forzadas mediante coerción o agresiones en contextos de violencia extrema.
Cifras históricas en 2025
UNNA informó que durante 2025 se abrieron 890 carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional, un incremento del 13.7 por ciento respecto a 2024, marcando un máximo histórico. Las entidades con más casos fueron:
- Ciudad de México: 244
- Nuevo León: 218
- Estado de México: 139
Personas privadas de la libertad
En 2025 ingresaron 21 individuos a centros penitenciarios por este delito, principalmente en Sonora. Al corte de enero de 2026, se reportan 97 personas encarceladas: 91 hombres y seis mujeres. En estos últimos casos, no corresponden a abortos autoprocurados, sino a acciones en perjuicio de otras mujeres.
Niñas y adolescentes, víctimas frecuentes
La organización subraya el aumento de casos donde niñas y adolescentes son víctimas de aborto forzado, presuntamente bajo presión de sus parejas, evidenciando patrones de violencia sistemática.
Llamado a las autoridades
UNNA hizo un llamado a legisladores, autoridades judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y tomadores de decisiones para reflexionar sobre la tipificación del delito en los códigos penales. La organización consideró que mantener su sanción permitiría visibilizar y combatir estos patrones de violencia, así como fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes.
