Un juez federal absolvió a Luis Pascual Ángel Luna, de 70 años, de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, al considerar que el ministerio público federal no presentó pruebas suficientes en su contra y que el caso fue "armado". El 31 de marzo pasado, el juez Octavo de Distrito en Michoacán puso fin a un litigio que duró más de 13 años, durante los cuales Luis Pascual sufrió detención ilegal y actos de tortura sexual cometidos por agentes de la extinta Policía Federal.
Amparo de la SCJN y eliminación de pruebas ilegales
Proceso informó el 14 de marzo que el hombre llevó su caso hasta las Naciones Unidas y obtuvo un amparo de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre de 2025, que le permitió continuar su proceso en libertad y ordenó eliminar las pruebas obtenidas ilegalmente. "Estas violaciones fueron reconocidas en la sentencia, que constituye un paso relevante en el acceso a la justicia y en la visibilización de prácticas contrarias a la dignidad humana", consideró el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que lo representa legalmente.
Trabajo coordinado del IFDP
La resolución es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y la Unidad de Defensa Penal del IFDP, cuyas acciones permitieron documentar las violaciones y sostener una defensa integral con enfoque de derechos humanos. En su sentencia, el juez de Distrito declaró inválidas las declaraciones ministeriales de Luis Ángel porque fueron obtenidas mediante tortura.
Caso ante la ONU
Actualmente, el caso está en análisis en el Comité contra la Tortura del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU, ante el que se denunciaron las violaciones sufridas desde el momento de la detención. "Si bien la sentencia absolutoria representa un avance significativo en el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas, persisten pendientes fundamentales: la reparación integral del daño, que incluye atención médica y psicológica; ayuda, compensación y rehabilitación", precisó el IFDP. "Estas acciones fueron ordenadas por la SCJN y aún no han sido plenamente cumplidas."
