El poder que fabrica la verdad: cómo la ley se usa en México para silenciar el debate público
"El poder produce verdad". Esta célebre frase del filósofo Michel Foucault en su obra Microfísica del poder adquiere una vigencia alarmante en nuestro tiempo contemporáneo. Vivimos una época donde el poder no se limita a gobernar o administrar recursos, sino que activamente define lo que debemos aceptar como realidad. Su función ha evolucionado hacia la producción de discursos, la fijación de significados y la delimitación de aquello que puede ser dicho, pensado o debatido en el espacio público.
La imposición de una versión única
En lugar de explicar los hechos con transparencia, se impone una versión única y oficial de los mismos. No se nos invita a comprender la complejidad de los eventos, sino a repetir consignas; no se nos convoca a observar con espíritu crítico, sino a aceptar pasivamente lo que se decreta desde las alturas del poder. Así, la realidad deja de ser el resultado del debate democrático y se transforma en un relato oficial que exige obediencia incuestionable.
La ley como instrumento de control narrativo
En México, esta lógica se ha manifestado de manera creciente mediante el uso estratégico del sistema legal como herramienta de control narrativo. Lejos de funcionar como un marco común que garantice derechos y justicia para todos, la ley es utilizada de manera selectiva para castigar la disidencia y proteger los intereses del poder establecido.
La organización internacional Artículo 19 ha documentado exhaustivamente cómo este mecanismo se despliega contra periodistas y medios de comunicación críticos. En su informe anual titulado "Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México", se exponen los principales obstáculos que enfrentan tanto la libertad de expresión como el acceso a la información en nuestro país.
Estos obstáculos van desde agresiones físicas directas contra la prensa hasta sofisticadas formas de falta de transparencia institucional. Según este y otros reportes de la misma organización, entre enero y julio de 2025 se registraron 51 casos documentados de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación. Esta cifra equivale a la apertura de un nuevo proceso legal cada cuatro días, impulsado frecuentemente por funcionarios públicos.
El objetivo real: intimidación y autocensura
Estas acciones legales no buscan necesariamente impartir justicia en sentido estricto, sino que tienen objetivos más perversos: intimidar a quienes cuestionan, desgastar económicamente y emocionalmente a los críticos, y generar un clima de autocensura generalizada. El mensaje que transmiten es claro y contundente: cuestionar al poder puede tener un costo personal y profesional muy elevado.
La autocensura como mecanismo de supervivencia
El efecto inmediato de esta estrategia es que la discusión pública deja de centrarse en los hechos objetivos y se desplaza hacia la obediencia al relato oficial. Cuando hacer preguntas legítimas implica enfrentar riesgos legales concretos, la autocensura se convierte en una forma de supervivencia profesional. Así, lo que el poder niega o oculta deja de existir efectivamente en el debate público, aunque sea evidente para amplios sectores de la población.
Escándalos, chivos expiatorios y distracción mediática
Los escándalos que periódicamente involucran a algunos funcionarios públicos revelan con claridad este mecanismo de construcción selectiva de la verdad. Ante denuncias graves y documentadas, el discurso oficial suele prometer investigaciones exhaustivas que luego no avanzan, o presentar resultados parciales donde aparecen chivos expiatorios de bajo nivel, mientras las responsabilidades de los altos cargos permanecen intactas.
No se trata de esclarecer los hechos con transparencia, sino de administrar el daño reputacional: proteger a los aliados, ceder en aspectos menores y conceder lo estrictamente necesario para que la corrupción y la impunidad no alcancen a quienes están vinculados directamente al núcleo del poder.
En muchos casos, esta estrategia se completa con la distracción mediática calculada. Una nueva polémica sustituye rápidamente a la anterior, y el escándalo original se diluye en la memoria pública colectiva. Así, más que rendir cuentas genuinamente, el poder reafirma un mensaje implícito pero contundente: existen personas e instituciones que están por encima de la ley y cuya versión de la verdad no puede ser cuestionada públicamente.
Cuando la justicia se subordina al poder
En este contexto preocupante, la ley deja de ser un marco común de convivencia y se transforma en un instrumento político al servicio de intereses particulares. Ya no importa tanto lo que está escrito en los códigos legales, sino quién interpreta las normas, quién presenta las acusaciones y quién decide finalmente qué es verdad y qué es falso en cada caso concreto.
La justicia se subordina así al relato oficial, y el relato al poder establecido. Como advirtió la filósofa política Hannah Arendt, el mayor triunfo del poder totalitario no es imponer una mentira específica, sino "destruir la capacidad de distinguir la verdad de la falsedad". Cuando esa frontera fundamental se borra, la ciudadanía pierde no solo información veraz, sino criterio propio para evaluarla. Y sin criterio ciudadano autónomo, no hay deliberación democrática posible.
Pensar críticamente como acto de resistencia
Esta combinación tóxica de control legal, manipulación mediática y dominación discursiva configura un escenario donde la libertad de pensamiento se transforma en un auténtico acto de resistencia. Pensar críticamente, cuestionar la versión oficial y exigir explicaciones coherentes se vuelven prácticas incómodas para el poder, cuando no directamente castigadas mediante diversos mecanismos.
Frente a este panorama, el papel de la ciudadanía consciente y organizada es crucial. No basta con informarse pasivamente: es necesario defender activamente el derecho a cuestionar, exigir pluralidad en las narrativas y resistir la imposición de una verdad única y oficial. La realidad democrática no debería ser aquello que el poder dicta desde arriba, sino aquello que se construye colectivamente desde la observación rigurosa, la crítica fundamentada y la memoria histórica.
Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C. y analista de procesos democráticos. Las referencias intelectuales citadas incluyen a Michel Foucault (Microfísica del poder, 1977) y Hannah Arendt (Verdad y política, 1961), cuyas ideas mantienen una vigencia preocupante en el México contemporáneo.
