Defensor ambiental denuncia irregularidades en caso judicial: testimonios falsos y domicilios fantasma
El director de la fundación Yansa, Sergio Oceransky Losana, ha denunciado públicamente que la Fiscalía General del Estado de Jalisco está protegiendo intereses políticos y empresariales para criminalizar la defensa del territorio y medioambiente. En una rueda de prensa realizada tras su detención, el activista ambiental detalló múltiples irregularidades en su caso que, según afirma, violan garantías procesales fundamentales.
Arresto arbitrario pese a suspensión legal
Oceransky relató que el 6 de abril de 2026 fue arrestado arbitrariamente cuando acudió a una audiencia en el Juzgado de Control 11 de Tonalá, Jalisco. Lo más grave, según el defensor, es que contaba con una orden de suspensión de arresto concedida por el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, la cual fue ignorada por las autoridades jaliscienses.
"Me quieren meter a la fuerza a un vehículo y yo me niego, al final ignorándome me arrestan de forma arbitraria, perdí la comunicación", recordó Oceransky sobre el momento de su detención, que ocurrió cuando salía del recinto judicial para buscar su computadora.
Medidas cautelares que limitan la defensa
El juez de control no solo le impuso como medidas cautelares la firma periódica y la prohibición de salir del estado, sino que adicionalmente le prohibió hablar sobre las personas que lo acusan. Esta determinación judicial, advirtió el defensor, no solo limita su libertad de expresión, sino que lo pone en desventaja para poder defenderse adecuadamente.
"Dado que es un delito menor me dejan en libertad y piden dos medidas cautelares, no puedo abandonar Jalisco y debo firmar todos los días, y el juez agregó otras medidas, que básicamente me impiden hablar sobre quién me está acusando, básicamente una especie de mordaza", expuso Oceransky durante la conferencia.
Anomalías en la investigación
Entre las irregularidades documentadas, Oceransky mencionó que en la carpeta de investigación solo existen tres declaraciones de empleados de una empresa, en una de las cuales lo acusan de haber realizado una llamada amenazante, pero sin verificar si el número telefónico correspondía efectivamente al suyo.
Además, señaló la existencia de dos actas de notificación fechadas los días 5 y 6 de febrero, dirigidas a un domicilio en Zapopan, Jalisco, que según el defensor "no existe". Esta evidencia de domicilios fantasma, según Oceransky, demuestra mala fe en el proceso.
Discriminación institucional y falta de respuesta
La abogada Alejandra Poot, integrante de la fundación Yansa, intentó auxiliar a Sergio a distancia comunicándose con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Sin embargo, la respuesta no solo fue negativa, sino que existió discriminación por el acento yucateco de los solicitantes.
"Me decían a ver no te entiendo, no se te escucha, tú no eres de acá, háblame bien ¿por qué eres de Yucatán?", relató Poot sobre la comunicación con la institución. La queja formal generada con folio 202602277 no ha recibido respuesta hasta la fecha.
Cambio en la acusación y contexto más amplio
Finalmente, Sergio Oceransky fue llevado a audiencia por el delito de amenazas y no de extorsión, como originalmente se le había imputado. Esta discrepancia entre la primera acusación y la actual añade más dudas sobre la consistencia del proceso legal.
"Acá hay evidencias claras de mala fe y violación clarísima de garantías procesales. Es evidente que este proceso no tiene nada que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con intentar callar y detener mi labor como defensor de medioambiente y derechos humanos", reiteró el director de Yansa.
Respuesta de organizaciones civiles
Desde el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, organización que acompañó a Oceransky en la rueda de prensa, Denisse Montiel informó que ya dieron parte de la situación a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
Además, lamentaron que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no respondiera a su solicitud de ayuda. "Instamos y exigimos al Mecanismo que incorpore de manera inmediata a Sergio como persona beneficiaria, así como a todas las personas integrantes de la fundación Yansa", manifestó Montiel.
Las organizaciones pidieron a las Fiscalías de Jalisco y Yucatán que no continúen con el ejercicio de la acción penal en los procesos legales que, según ellas, están criminalizando la labor de defensa ambiental de Oceransky en Yucatán.
