México enfrenta escrutinio internacional histórico por desapariciones forzadas
En un hecho sin precedentes para un Estado parte, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) tomó una decisión histórica el jueves 2 de abril de 2026. El organismo determinó solicitar al secretario general de la ONU que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Fundamento de la decisión del comité de la ONU
Según el documento oficial identificado como CED/C/MEX/A.34/D/1, el comité concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Esta evaluación se basa en la constatación de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y regiones del país.
El mismo día de la publicación del documento, el gobierno mexicano emitió un pronunciamiento conjunto a través de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, rechazando categóricamente la decisión del CED y calificándola de "parcial y sesgada".
Postura del gobierno mexicano y réplica de expertos
Durante los días siguientes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la determinación del organismo garante de la Convención. Incluso se cuestionó la naturaleza del CED, sugiriendo que no se trata de un organismo de Naciones Unidas propiamente dicho, sino de un grupo de expertos.
Esta afirmación ha sido corregida por especialistas como el abogado Santiago Corcuera, quien presidió el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada entre 2013 y 2017, confirmando la legitimidad y autoridad del organismo.
Al gobierno de Sheinbaum parece molestarle particularmente que el CED afirme que en México se sigan cometiendo desapariciones forzadas. La mandataria ha mantenido un discurso que sitúa estos crímenes en dos momentos históricos específicos:
- Durante la llamada Guerra Sucia bajo gobiernos del PRI en contra de disidentes políticos
- Al inicio de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del panista Felipe Calderón
Actualmente, el gobierno afirma que no existe una política estatal para cometer desapariciones forzadas.
Reconocimiento de complicidad estatal
El CED reconoce explícitamente la postura mexicana de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado. Sin embargo, el comité destaca que en algunos casos denunciados ha recibido información fundamentada que apunta a:
- Participación directa de funcionarios públicos
- Autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades
Esta realidad hace insostenible el empeño del actual gobierno en negar la complicidad estatal en algunos casos. Las desapariciones forzadas, donde participa algún agente del Estado en sus tres niveles de gobierno, ocurren prácticamente en todo el país.
Casos emblemáticos: el ejemplo de Jalisco
Un caso particularmente revelador es el de Jalisco, donde aproximadamente una cuarta parte de las policías de sus 125 municipios han participado en privaciones ilegales de la libertad. En muchas ocasiones, estas personas son posteriormente entregadas a células del crimen organizado.
Ejemplos recientes incluyen:
- La participación de autoridades municipales de Teuchitlán, Jalisco en desapariciones de personas, en el contexto de los hallazgos realizados por madres buscadoras en el rancho Izaguirre en marzo del año pasado
- La detención del alcalde de Tequila en febrero pasado, acusado de trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación
El CED documenta específicamente en su informe colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno con grupos criminales, destacando como práctica común las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales. También señala el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales.
Magnitud de la crisis nacional
Más allá de las desapariciones forzadas específicamente, el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede negar la magnitud de la crisis por desaparición de personas que afecta a México. Esta situación coloca al país, junto con Siria, como una de las naciones con más desapariciones en todo el mundo.
El gobierno mexicano debería reconsiderar su postura y aceptar esta decisión del CED, reconociendo que la crisis por desaparición de personas ha desbordado las capacidades estatales para atenderla, enfrentarla y resolverla. La aceptación de ayuda y asistencia técnica y financiera internacional no debería ser una cuestión de reputación gubernamental, sino una necesidad imperante para atender debidamente a las más de 130 mil familias víctimas de desapariciones en el país.
