ONU somete situación de desapariciones forzadas en México a su Asamblea General
En una decisión histórica, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) ha remitido formalmente la situación de las personas desaparecidas en México a la Asamblea General del organismo internacional. Esta acción, comunicada el pasado 2 de abril de 2026, busca activar mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para abordar una de las crisis humanitarias más graves del país.
Posición de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha valorado positivamente este proceso, considerando que plantea condiciones excepcionales para fortalecer el diálogo y la cooperación entre instancias nacionales e internacionales. El organismo capitalino enfatiza la necesidad de consolidar una política integral de Estado que incluya participación activa de las familias, articulación efectiva entre lo local y lo nacional, y resultados concretos en atención a víctimas, búsqueda, investigación y combate a la impunidad.
"El llamado del CED abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo", señaló la CDHCM en un comunicado. "Desde la Ciudad de México, valoramos esta oportunidad para encauzar una política integral de Estado que provea soluciones viables con enfoque de derechos humanos."
Hallazgos y conclusiones del Comité de la ONU
En su resolución, el Comité contra la Desaparición Forzada reconoció los esfuerzos del Estado mexicano, pero determinó que han sido insuficientes para abordar la magnitud del problema. Aunque no encontró evidencia de una política federal deliberada para cometer desapariciones, sí identificó indicios fundados de que estas violaciones a derechos humanos:
- Se han perpetrado y continúan ocurriendo en diferentes regiones del país
- En algunos casos involucran participación directa de servidores públicos
- En otros casos cuentan con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades
El Comité subrayó la necesidad de un mecanismo especializado para esclarecer la verdad, proteger a las familias y organizaciones acompañantes, y garantizar justicia y medidas de no repetición.
Respuesta del Estado mexicano y desafíos pendientes
El gobierno mexicano rechazó formalmente la decisión del Comité, argumentando desacuerdo con las perspectivas y conclusiones adoptadas. Las autoridades nacionales señalaron que el organismo internacional no tomó en cuenta debidamente las acciones implementadas en años recientes, incluyendo medidas normativas, políticas, presupuestales y operativas diseñadas para enfrentar la crisis de desapariciones de manera más integral.
Sin embargo, la CDHCM insiste en que el contexto actual exige mantener "una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica", tanto de instancias nacionales como de mecanismos internacionales que han acompañado esta agenda durante décadas con aportes valiosos para la búsqueda, verdad, justicia y reparación.
Retos específicos en la Ciudad de México
A nivel local, la Comisión reconoció que la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia, a través del Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México, han anunciado esfuerzos relevantes de coordinación. No obstante, advirtió que estos mecanismos deben seguir fortaleciéndose e implementándose adecuadamente para traducirse en resultados concretos y medibles.
El panorama actual plantea la necesidad urgente de:
- Fortalecer una respuesta pública integral, articulada y sostenida
- Convocar todas las capacidades y recursos disponibles
- Garantizar participación sustantiva y protección de las familias
- Reforzar la prevención y realizar investigaciones diligentes
- Implementar búsqueda inmediata y atención adecuada a la crisis forense
"Esta respuesta exige una visión sistémica y la articulación efectiva entre los ámbitos local y nacional", concluyó la CDHCM, "desde el reconocimiento de la complejidad de los actores, contextos y dinámicas que intervienen en esta tragedia humanitaria."
