Informe de la ONU sobre desapariciones genera división en México
El informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas sobre México continúa generando controversia en los más altos niveles del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció ayer sobre el tema, haciendo eco de la posición que ya habían adoptado durante el fin de semana las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, quienes calificaron el documento como "tendencioso".
"Varios temas no fueron considerados por esa comisión. Por eso se rechazó el documento", afirmó Sheinbaum, manteniendo una postura firme de rechazo hacia las conclusiones presentadas por el organismo internacional.
Una visión alternativa desde los derechos humanos
En contraste con la posición oficial, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Calderón, ofreció una interpretación completamente diferente del mismo informe. Con una mentalidad más abierta hacia las intenciones del documento y los cuestionamientos que han surgido en las instancias gubernamentales, González Calderón lo interpretó como una oportunidad para "establecer un diálogo, para tener mejores recursos, articular las mayores capacidades, buscar las soluciones y rutas que permitan, de cara a la complejidad, fortalecer los recursos de búsqueda, investigación y de identificación".
La funcionaria de derechos humanos destacó un aspecto medular del informe que ha sido pasado por alto en el debate público: "... que establece con claridad, con evidencia, que no hay por parte del gobierno federal o el gobierno de México, una política deliberada de acción o por omisión para cometer desapariciones, que lo deja claro y a salvo, pero sí reconociendo que sigue existiendo la desaparición forzada, porque se permite, se tolera, se deja pasar o que existen dinámicas de desapariciones".
Dos interpretaciones, un mismo problema
Mientras el gobierno mexicano ha interpretado el informe como una acusación directa, la perspectiva de la CDHDF sugiere que en el fondo lo que se propone son cambios estructurales que permitirían:
- Ampliar las capacidades de búsqueda de más de 132 mil personas que actualmente se encuentran desaparecidas en México
- Identificar a las víctimas en caso de que se localicen sus restos
- Encontrar las "formas" de minimizar este problema que afecta a todo el país
"Nosotros lo que pensamos es que sobre todo abre una coyuntura que revitaliza el trabajo de diagnóstico, de análisis y de diseño de estrategias a la realidad… Creemos que enriquece el análisis y el debate, dejando la oportunidad de actuar a una multiplicidad de actores, especialmente a las familias -de los desaparecidos- y aportar mayores recursos", comentó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Un problema que atemoriza a millones
La divergencia de posturas ocurre frente a un problema de dimensiones alarmantes: más de 132 mil personas desaparecidas según registros oficiales, una cifra que representa una herida abierta en el tejido social mexicano y que genera temor entre más de 130 millones de habitantes del país.
Mientras la presidenta Sheinbaum mantiene su rechazo al informe de la ONU -aunque sin dejar de reconocer la existencia del problema-, otros actores como la CDHDF lo visualizan como una valiosa oportunidad para incrementar recursos, mejorar protocolos y fortalecer las capacidades institucionales frente a una crisis humanitaria que requiere atención urgente y coordinada.
Esta división de perspectivas refleja las tensiones inherentes al abordaje de uno de los problemas más sensibles y complejos que enfrenta México en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana, donde las posturas políticas y las consideraciones técnicas a menudo entran en conflicto, incluso cuando el objetivo final -la erradicación de las desapariciones- es compartido por todas las partes involucradas.
