Posible recorte en cifras de desaparecidos genera preocupación nacional
Al cumplirse casi un año y medio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se observa un cambio favorable en la política contra la desaparición de personas en México para las familias de las víctimas. Por el contrario, las declaraciones recientes de la titular del Ejecutivo sugieren que la anunciada revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) podría resultar en un recorte significativo de las cifras totales de personas ausentes en todo el país.
México entre los países con más desaparecidos a nivel mundial
Actualmente, México comparte con Siria el dudoso honor de ser una de las naciones con mayor número de personas desaparecidas en el mundo. Hasta ayer, el RNPDNL reportaba 132 mil 082 casos en toda la República. Sin embargo, las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa reciente indican que este registro podría experimentar una disminución sensible.
Al ser interrogada sobre un informe de la organización civil México Evalúa, que señalaba un aumento del 213% en las desapariciones en la última década, Sheinbaum mencionó que se está finalizando un reporte sobre el tema. "Estamos terminando de fortalecer el tema de la alerta para poder dar ya toda la información", afirmó. Además, adelantó que el RNPDNL presenta numerosas inconsistencias, como registros que ni siquiera incluyen el nombre completo de las personas.
Revisión del registro y sus implicaciones
La presidenta explicó que la revisión en curso se centrará en:
- Cuántos registros cuentan con información completa.
- Cuántos de esos registros con datos completos tienen carpetas de investigación abiertas.
- Cuántas personas ya han sido localizadas, ya que la plataforma actual no refleja adecuadamente estos hallazgos.
Aunque es loable mejorar la base de datos y la confiabilidad del registro nacional, este esfuerzo es en realidad un mandato de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas que, en la práctica, no se ha cumplido de manera efectiva.
Inconsistencias estatales y falta de reportes
Un ejemplo claro de esta problemática es el estado de Jalisco, donde el RNPDNL reportaba 12 mil 681 casos, mientras que el Registro Estatal de Personas Desaparecidas contabilizaba 16 mil 079, una diferencia de 3 mil 398 casos que no debería existir. La ley es muy clara al establecer que todas las autoridades federales y estatales deben mantener actualizado el registro federal, pero se ha permitido que gobiernos como el de Jalisco, anteriormente encabezado por Enrique Alfaro, dejen de reportar casos al registro federal durante casi cuatro años.
No es un caso aislado; se han denunciado anomalías graves en otras entidades, como Baja California, lo que evidencia un patrón de incumplimiento en todo el país.
Preocupaciones por la exclusión de casos sin denuncia
De las declaraciones de la presidenta Sheinbaum se desprende que la revisión podría priorizar únicamente los casos con carpetas de investigación, es decir, aquellos donde se han presentado denuncias formales ante las fiscalías estatales. Sin embargo, quienes han escuchado a las familias de las víctimas y a los colectivos organizados saben que no en todos los casos se presentan denuncias, a menudo por temor a represalias de grupos de delincuencia organizada involucrados en las desapariciones.
Un testimonio conmovedor ilustra esta realidad: un familiar que buscaba a su sobrino recibió una amenaza después de acudir a la fiscalía, sugiriendo colusión entre autoridades y los grupos responsables. ¿Cuántos casos similares ocurren en silencio a lo largo del territorio nacional? Por esta razón, limitar el registro nacional solo a casos con denuncia formal sería un error grave.
Riesgo de retroceso en la política contra desapariciones
Si la revisión anunciada por la presidenta, que se presentará este mes, se enfoca en reducir los datos de esta manera, estaríamos ante un fuerte recorte en las cifras oficiales de desaparecidos. Esto representaría un grave retroceso en la política nacional contra las desapariciones y un duro golpe para las esperanzas de las familias que, con toda su voluntad, continúan buscando a sus seres queridos.
En un contexto donde la transparencia y la justicia son cruciales, cualquier acción que minimice la magnitud de esta crisis humanitaria debe ser vista con extrema cautela y crítica constructiva.
