Defensoras de Guerrero exigen a Sheinbaum reconocer crisis de desaparecidos para intervención de la ONU
En un contundente llamado desde Chilpancingo, defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que reconozca públicamente que la crisis de desaparición forzada en México está fuera de sus manos y de su control, como condición necesaria para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda intervenir, capacitar y aportar los recursos requeridos para comenzar a erradicar esta grave problemática.
Un llamado urgente ante la negación oficial
Las activistas María Luisa Garfias, Silvia Castillo y Norma Mesino, acompañadas de otros defensores, calificaron como "vergonzosa" la postura de rechazo mostrada tanto por la presidenta Sheinbaum como por la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. "Querer ocultar la realidad es permitir que esta situación de desapariciones continúe", advirtieron durante una conferencia de prensa en la capital guerrerense.
El documental "La misma sangre" y la memoria histórica
En el marco de este encuentro, las defensoras anunciaron el estreno del documental "La misma sangre", dirigido por Ángel Linares y Miguel Ángel Sánchez, que retrata la lucha de tres generaciones de la familia Mesino de Atoyac de Álvarez y la represión sufrida por parte del Estado mexicano. La película, que participará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara los días 20 y 21 de abril, busca visibilizar la persistente violación de derechos humanos en la región.
Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), explicó que el documental narra la historia desde 1970 con Juana Acosta Martínez, su hijo Hilario Mesino Acosta -fundador de la OCSS-, y la tercera generación conformada por Carlos, Norma, Rocío y Miguel Ángel Mesino, estos dos últimos perseguidos, encarcelados y asesinados.
Una organización marcada por la violencia estatal
La OCSS surgió en 1994 como respuesta a la desaparición de 400 hombres en Atoyac tras la persecución contra Lucio Cabañas. "Nos enfrentábamos a lo imposible, estábamos luchando contra Rubén Figueroa Alcocer, hijo de uno de los gobernadores más sanguinarios de Guerrero", recordó Mesino con dolor.
En sus 31 años de existencia, la organización ha perdido a 45 integrantes asesinados de manera extrajudicial, incluyendo los 17 campesinos masacrados en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995 por policías estatales. Actualmente, Antonio Barragán Carrasco permanece encarcelado, "víctima de tortura y desaparición forzada", según denunció Mesino.
El control del crimen organizado y la complicidad estatal
Al ser cuestionada sobre la situación actual de la lucha social en Guerrero, Norma Mesino fue categórica: "Vivimos en una situación crítica donde hoy el crimen organizado tiene control absoluto. Cuando cuestionas al gobierno, quienes te reprimen son otros. Te amenazan, te desaparecen y el gobierno se lava las manos". Como ejemplo, citó el asesinato impune del defensor del agua Marco Antonio Suástegui en Acapulco, ocurrido el 25 de abril de 2025.
María Luisa Garfias Marín, presidenta de Aliadas por la Justicia, alertó que en Guerrero y en todo México continúan las desapariciones forzadas con participación de agentes del Estado. "Los policías son responsables de desapariciones forzadas, tenemos presidentes municipales señalados de vínculos con el crimen organizado", afirmó, poniendo como ejemplo emblemático la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Un problema estructural que trasciende gobiernos
Las defensoras coincidieron en que las desapariciones forzadas se repiten "independiente del partido en el poder", constituyendo un problema estructural arraigado en todas las instancias gubernamentales. Garfias lamentó que muchos antiguos compañeros del movimiento social hayan sido cooptados por la 4T o integrados a Morena, guardando silencio ante situaciones que antes denunciaban.
Silvia Castillo, coordinadora en Guerrero de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, expresó su indignación ante la postura de Sheinbaum y Piedra Ibarra: "Es sumamente vergonzoso que asuman esa actitud de rechazo ante un informe tan serio, basado en casos con nombres y apellidos documentados por colectivos de todo el país".
La imposibilidad de silenciar a las madres buscadoras
Las defensoras concluyeron con un mensaje contundente: las violaciones a derechos humanos en México son evidentes e imposibles de ocultar. "No pueden callar a las madres, porque se trata de seres humanos que no están presentes y que no han tenido justicia", finalizó Castillo, subrayando la urgencia de que el gobierno federal reconozca la gravedad de la crisis para permitir una intervención internacional efectiva.
