Sheinbaum defiende acciones gubernamentales ante críticas de la ONU sobre desapariciones
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este martes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al considerar que omite acciones de su Gobierno y presenta una visión "tendenciosa" sobre la situación de desapariciones en México. Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que el caso mexicano sea llevado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, asegurando que el Estado "no está rebasado" y que existen avances institucionales significativos en la materia.
Críticas a la metodología y enfoque del informe
Sheinbaum sostuvo que el análisis del CED incurre en una "extrapolación de crimen de lesa humanidad", cuestionando la falta de reconocimiento a medidas adoptadas por su administración. "No entendemos por qué es la extrapolación de crimen de lesa humanidad", dijo la Presidenta, añadiendo: "¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una Comisión de Búsqueda? ¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas?".
La mandataria enfatizó que el Estado mexicano actúa en delitos que surgieron a partir de la guerra contra el narcotráfico, destacando la creación y fortalecimiento de mecanismos como la Comisión Nacional de Búsqueda, así como reformas legales orientadas a enfrentar el fenómeno. En la misma línea, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado calificando el informe como "tendencioso" y afirmando que no refleja los avances institucionales registrados entre 2019 y 2025.
Diferencias conceptuales sobre la definición de desaparición forzada
Sheinbaum subrayó que la definición de desaparición forzada, según estándares internacionales, implica la participación directa del Estado, como ocurrió en episodios históricos. En contraste, señaló que el problema actual en México está mayoritariamente vinculado al crimen organizado, ámbito en el que su Gobierno trabaja para erradicar estas prácticas. Este punto marca una diferencia central con el enfoque del CED, que analiza el fenómeno desde una perspectiva más amplia, considerando patrones de desapariciones a lo largo del tiempo.
La presidenta también cuestionó la naturaleza del Comité, afirmando que se trata de "un grupo de expertos" que no forma parte directa de organismos como la ONU o la UNESCO. No obstante, el CED ha reiterado que su labor está respaldada por el sistema internacional de derechos humanos, ya que sus integrantes son elegidos por los Estados miembros y su mandato deriva de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.
Alcance internacional y tensiones diplomáticas
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, explicó que el informe no se limita a una administración específica, sino que evalúa la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad. El documento fue remitido a la Asamblea General como parte de los mecanismos previstos en la convención internacional, que se activan cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Este procedimiento busca colocar el tema en la agenda global y promover medidas de cooperación internacional, lo que ha generado tensiones con el Gobierno mexicano.
Sheinbaum reiteró que su administración no niega la problemática, pero sostuvo que el informe presenta una narrativa que no corresponde con los esfuerzos institucionales en marcha. Entre las acciones mencionadas se encuentran:
- Reformas legales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
- Fortalecimiento de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Diálogo continuo con colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos.
Estas medidas buscan atender una de las crisis más sensibles en materia de derechos humanos en el país, aunque persisten desafíos significativos en la implementación y efectividad de las políticas públicas.
