La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en su planteamiento sobre las extradiciones entre México y Estados Unidos, pero su postura selectiva genera controversia. Mientras exige pruebas contundentes al Departamento de Justicia estadounidense para entregar a funcionarios como el exgobernador Rocha Moya, no aplica el mismo estándar en casos internos, como el del gobernador Samuel García.
El caso de las extradiciones
Sheinbaum señaló que Estados Unidos ha rechazado, desde 2018, extraditar a 269 personas con cuentas pendientes en México por falta de pruebas. Sin embargo, en el mismo periodo, México entregó a 92 criminales de alto impacto en tres operativos masivos coordinados por el Gabinete de Seguridad. La presidenta cuestiona por qué ahora se exigen pruebas cuando antes no se hizo, sugiriendo motivaciones políticas.
La respuesta ante denuncias internas
En contraste, cuando el periódico Reforma reveló presuntas triangulaciones de recursos públicos por parte de Samuel García, Sheinbaum declaró: “Vi lo que sale en los medios, sí se tiene que investigar, que se investigue”. Esta respuesta contrasta con la exigencia de pruebas para las extradiciones, lo que ha sido criticado como un doble rasero.
La presidenta se ampara en la soberanía nacional para rechazar las solicitudes de extradición de sus aliados, mientras que para los opositores, la simple mención en medios es suficiente para abrir una investigación. Esta disparidad pone en duda la imparcialidad del gobierno federal.
Reacciones y contexto
Analistas consideran que esta postura podría debilitar la relación bilateral con Estados Unidos y exponer a México a mayores presiones internacionales. Además, el caso de Rocha Moya, acusado por narcotráfico, es visto como una prueba de fuego para la política de justicia del gobierno de Sheinbaum.
La pregunta que queda en el aire es si la presidenta aplicará el mismo criterio de exigencia de pruebas para todos los casos, sin importar la filiación política de los implicados.
