Congreso de la Ciudad de México da luz verde al Plan B de reforma electoral
Con el voto en contra de los partidos de oposición, el Congreso de la Ciudad de México, actuando como integrante del Constituyente Permanente, ha aprobado la minuta que modifica la Constitución Política Federal. Esta iniciativa, popularmente conocida como Plan B de la Reforma Electoral, establece límites a las regidurías municipales, ajusta el presupuesto de los congresos estatales y fija topes a los sueldos de los funcionarios electorales.
Detalles clave de la reforma constitucional
La minuta, enviada previamente por el Congreso de la Unión a las legislaturas locales, introduce cambios significativos:
- Límite de regidurías: Los ayuntamientos no podrán tener más de 15 regidurías, las cuales serán electas bajo principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva.
- Tope presupuestario: Se fija un máximo del 0.70% del presupuesto de egresos estatal para las legislaturas locales.
- Restricción salarial: Los salarios de consejeros y magistrados electorales no podrán superar los de la Presidenta de la República.
Con esta aprobación, la Ciudad de México se convierte en la entidad número 15 en respaldar el Plan B, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente, los congresos de Tlaxcala y Veracruz también dieron su aval, elevando el total a 17 entidades federativas.
Críticas de la oposición: un mecanismo de control
Durante el debate, los partidos de oposición expresaron su firme rechazo. El Grupo Parlamentario del PAN argumentó que el Plan B debilita la democracia, no aborda los problemas reales del sistema electoral y podría facilitar la injerencia del crimen organizado.
El diputado Ricardo Rubio calificó la minuta como "un mecanismo de control político vía presupuesto", criticando la falta de medidas contra la delincuencia organizada en los procesos electorales. Advirtió que la reducción presupuestaria a instituciones electorales "no fortalece la democracia, la hace más vulnerable", tildando la política de austeridad de "austericidio".
En la misma línea, el legislador Raúl Torres afirmó que el Plan B es parte de los intentos del oficialismo por socavar la democracia. Diego Orlando Garrido López, del PAN, sostuvo que la modificación busca "debilitar al árbitro electoral".
La diputada priísta Tania Nanette Larios cuestionó la credibilidad y autoridad moral del Plan B, alegando que pretende "cooptar el último pendón que sostiene la democracia en México". Por su parte, Yolanda García Ortega, del PVEM, insistió en que el presupuesto público debe destinarse a las demandas ciudadanas, no a intereses políticos.
Defensa del oficialismo: fortalecimiento institucional
Desde el oficialismo, la morenista Valentina Batres defendió la reforma, asegurando que no solo limita el presupuesto de las legislaturas estatales, sino que también "le cierra el paso a las remuneraciones y prestaciones de la alta burocracia". Su colega Yuriri Ayala afirmó que el Plan B "contribuye al fortalecimiento institucional y la vida democrática de México".
Sin embargo, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, consideró que el Plan B es solo una "modificación administrativa cosmética", ya que no transforma profundamente el sistema electoral.
La aprobación de esta reforma marca un hito en el panorama político nacional, generando un intenso debate sobre el futuro de la democracia y la transparencia en los procesos electorales.
