Un giro histórico en política energética y de salud
En la emblemática mañanera del pueblo del 8 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reconsideración fundamental del uso del fracking en México para la extracción de gas natural. Esta decisión responde a la creciente dependencia del energético importado desde Estados Unidos y representa un cambio radical respecto a la política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien había prohibido esta práctica por su intensivo consumo de agua.
La nueva visión del fracking
Un día después de su anuncio inicial, la mandataria matizó su postura: "Sólo procederemos con tecnología de punta", basándose en un dictamen de un comité de expertos ad hoc. Esta modalidad permitiría el reciclaje del agua, abordando la principal preocupación ambiental. La explotación, en el mejor escenario, comenzaría en 2035, lo que implica un retraso de seis años respecto a lo que hubiera sido posible sin la prohibición anterior.
La decisión presidencial busca que en 10 a 15 años, PEMEX pueda extraer suficiente gas para fortalecer la soberanía energética, siempre que desarrolle o adquiera las nuevas técnicas necesarias.
Retomando la universalización de la salud
En ese mismo foro, Sheinbaum retomó la estrategia de universalización de la salud, truncada en el sexenio anterior con la desaparición del Seguro Popular. Presentó un cronograma ambicioso para que la atención médica de las instituciones públicas, basada en un paquete básico, se realice con:
- Costos de servicios acordados
- Referencia efectiva entre servicios
- Intercambio de recursos para garantizar oportunidad y calidad
Etapas del plan de salud
- Credencialización (inicia con mayores de 85 años) para identificar ubicación y condición de la población frente al sistema de salud.
- Intercambio de servicios específicos entre instituciones (inicia en 2027) con precios de referencia previamente acordados.
- Surtimiento universal de recetas a partir de 2028.
El calendario es muy ajustado y difícil de cumplir, pero se espera que en los primeros dos años de gobierno ya se avance en conciliar y ajustar los tabuladores de costo. Las secretarías de Hacienda y Salud tienen ocho meses para identificar fuentes de financiamiento e incluirlas en el presupuesto 2027, además de construir la infraestructura necesaria para expandir la cobertura.
En cálculos conservadores, se estima necesario aumentar el gasto público en salud en más de 3 puntos del PIB para lograr la universalización. La creación y desaparición del INSABI retrasó este proceso seis años.
Nueva estrategia de inversión energética
El mismo 8 de abril, la presidenta se reunió con directivos de BlackRock, administradora global de activos que impulsa inversiones en infraestructura energética. Este acercamiento forma parte de una estrategia para captar inversión en generación eléctrica bajo esquemas de asociaciones público-privadas, modificando sustancialmente la línea política del gobierno anterior que buscaba la renacionalización del sector.
Para 2030, año crítico que ya no está lejano, se requiere una inversión de 3 billones de pesos bajo contrataciones mixtas. La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica abre posibilidades para participación privada en:
- Construcción, mantenimiento y operación de centrales eléctricas
- Vías férreas y obras hidráulicas
- Carreteras y hospitales
En sintonía con el Plan México, esta ley ofrece garantía de certeza jurídica a fondos de capitales privados y pensionarios (como las afores). Este tipo de políticas fueron abandonadas durante el sexenio de López Obrador.
Un sexenio perdido y la corrección del rumbo
La presidenta Sheinbaum reconoce que 2018-2024 fue un sexenio perdido en múltiples aspectos:
- Seguridad pública
- Desarrollo administrativo
- Educación
- Combate a la corrupción
- Digitalización del gobierno
Las políticas equivocadas o el ánimo de destruir instituciones retrasaron significativamente las metas planteadas en las primeras décadas del siglo. En 2026, con el actual gobierno, hay una corrección del rumbo que esta semana fue evidente con la reconsideración del fracking.
Si se hubiera comenzado con el desarrollo tecnológico, la extracción de gas natural sería factible en dos o tres años, pero ahora habrá que esperar hasta 2035. Si no se hubiera desaparecido el Seguro Popular, el paquete universal de salud ya sería una realidad. Si no se hubiera obstaculizado la inversión privada y mixta en el sector eléctrico, la autosuficiencia energética sería más factible.
"La presidenta sabe que ya no hay tiempo que perder" y está corrigiendo los errores del pasado inmediato, siendo cada vez más consciente de que perdimos un sexenio.
