Gobernadora de Baja California en riesgo por presuntos vínculos familiares con el crimen organizado
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se encuentra en una situación crítica debido a un escándalo que involucra sus presuntos lazos familiares con el crimen organizado. A pesar de haberse divorciado el año pasado de Carlos Torres Torres en un intento por controlar los daños tras la cancelación de sus visas para Estados Unidos, la turbulencia político-jurídica que se avecina podría alcanzarla de manera directa.
Evidencia de pagos del crimen organizado
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado que Torres Torres recibía, por un período aún no precisado, 500 mil dólares mensuales de cárteles de drogas. Aunque el caso actualmente señala únicamente al exesposo, no está cerrado, lo que deja abierta la posibilidad de que Ávila se vea envuelta. El divorcio, considerado un control de daños, no inmuniza a la gobernadora, quien es una de las poco más de 100 figuras políticas mexicanas a las que la Administración Trump les ha cancelado la visa.
Las visas de la pareja fueron suspendidas en mayo del año pasado, cuatro meses antes de su separación legal. Las razones oficiales no son públicas, pero entre los causales para la revocación se incluyen extralimitarse en el plazo de autorización, fraude, problemas de seguridad o actividad criminal. En su momento, Ávila aseguró que era solo un problema administrativo en vías de resolución y respaldó públicamente a Torres Torres, quien era coordinador de Proyectos Estratégicos en su gobierno, sin salario, para evitar conflictos de interés.
Implicaciones políticas y judiciales
De acuerdo con fuentes diplomáticas estadounidenses, el dinero recibido por Torres Torres tenía como objetivo permitir al crimen organizado operar sin obstáculos en Baja California. Esto ha llevado a argumentar que el divorcio fue estratégico y preventivo. La pareja ha sido relacionada con propiedades millonarias y cuentas bancarias que Ávila niega poseer. El caso contra su exesposo permitirá determinar si la gobernadora dijo la verdad o mintió, y tendrá que explicar cómo no se percató de los nueve millones de pesos que recibía cada quince días, equivalentes a 500 mil dólares.
Ávila, una de las gobernadoras preferidas tanto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha visto su nombre surgir en reuniones de seguridad entre México y Estados Unidos, donde se ha discutido una posible solicitud de licencia. Aunque no existe una investigación formal en su contra en México, Torres Torres está siendo investigado desde septiembre por presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, según una investigación periodística de N+ Focus.
Contexto de violencia y corrupción
Un reporte presentado al gabinete de seguridad en Palacio Nacional mostró la penetración del crimen organizado en el gobierno de Ávila, vinculando al entonces fiscal Ricardo Carpio con problemas de inseguridad debido a sus relaciones con miembros de cárteles. Carpio renunció en 2023 tras la detención de dos de sus ministerios públicos en California con drogas. La violencia en Baja California se ha agudizado desde que Ávila asumió la gubernatura en noviembre de 2021, con un realineamiento de cárteles que ha fortalecido a los de Sinaloa y Nueva Generación.
Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, no ha sido omisa y ha enviado mensajes a Ávila a través de intermediarios como Mario Delgado y Luisa María Alcalde, instándola a resolver sus problemas y ordenar el estado. Autoridades estadounidenses han informado oficiosamente a México sobre los avances contra Torres Torres, solicitando acción, lo que plantea el desafío de evitar que las acusaciones salpiquen a la gobernadora. Mientras tanto, Ávila permanece estática, esperando que el caso se desvanezca, aunque las evidencias sugieren lo contrario.
