Sinaloa enfrenta una crisis de ingobernabilidad que reaviva el debate constitucional
La escalada de violencia en el estado de Sinaloa ha puesto sobre la mesa la discusión acerca de la posible desaparición de poderes, una facultad exclusiva del Senado de la República según lo establece la Constitución mexicana. Este mecanismo legal se activa cuando los poderes locales son incapaces de mantener el orden jurídico o ejercer sus funciones con normalidad, una situación que expertos señalan como crítica en la entidad.
Análisis de María Amparo Casar sobre la figura constitucional
Durante un análisis en Noticias en Claro, la doctora María Amparo Casar profundizó en este tema, cuestionando si el gobernador de Sinaloa está cumpliendo con sus responsabilidades ante la emergencia de seguridad. Casar recordó que la última aplicación de esta medida ocurrió en 1975 en Guerrero, destacando su historial como herramienta polémica, a menudo utilizada con fines de control político.
Explicó que la ley reglamentaria permite esta acción cuando conflictos graves impiden el funcionamiento de los poderes estatales, afectando directamente el orden jurídico. La solicitud puede ser presentada por:
- El propio Senado
- Legisladores federales
- Ciudadanos del estado afectado
Sin embargo, Casar señaló vacíos legales, como la falta de especificación sobre el número mínimo de ciudadanos requeridos para respaldar la petición. De aprobarse, el Senado declararía la desaparición de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La situación crítica en Sinaloa: cifras alarmantes y vida cotidiana afectada
En sus comentarios, María Amparo Casar enfatizó que Sinaloa vive un estado de ingobernabilidad, argumentando que los poderes no están garantizando la seguridad básica. Con estadísticas elevadas de homicidios y desapariciones, la entidad enfrenta una crisis tan profunda que, en sus palabras, la población "ni siquiera puede salir a la calle" con normalidad, reflejando la gravedad del momento.
Esta situación no solo impacta la vida diaria de los sinaloenses, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia de las instituciones locales para restaurar el orden y proteger a los ciudadanos. El debate continúa en el ámbito político y social, mientras la violencia persiste como un desafío urgente.
