Biznaga Burra: Su lento crecimiento de 1-2 cm al año la convierte en una especie invaluable y en peligro
El reciente aseguramiento de 33 ejemplares de biznaga burra (Echinocactus platyacanthus) en San Salvador, Hidalgo, ha vuelto a poner en el centro del debate la extrema vulnerabilidad de esta especie emblemática del altiplano mexicano. Su relevancia ecológica se fundamenta en un dato alarmante: su crecimiento es extremadamente lento, de apenas uno a dos centímetros por año, según documentación actualizada de la CONABIO en 2021.
Crecimiento lento: décadas para alcanzar la madurez
Este ritmo de desarrollo implica que ejemplares con diámetros de entre 70 y 80 centímetros, como los asegurados por la Profepa, pueden tener entre seis y siete décadas de edad. En términos ecológicos, no se trata de plantas fácilmente reemplazables, sino de organismos que representan procesos biológicos acumulados durante generaciones. La lentitud en su crecimiento tiene implicaciones directas sobre la resiliencia poblacional, ya que la biznaga burra no puede recuperar fácilmente individuos extraídos del medio silvestre, a diferencia de especies de crecimiento rápido.
La pérdida de ejemplares adultos reduce no solo la biomasa, sino también la capacidad reproductiva de las poblaciones, dado que los individuos maduros son los principales productores de semillas. Esto agrava su situación de riesgo, haciendo que cada ejemplar tenga un valor ecológico desproporcionadamente alto.
Protección legal y marco normativo vigente
En México, esta vulnerabilidad está formalmente reconocida en la NOM-059-SEMARNAT-2010, vigente hasta 2026, donde Echinocactus platyacanthus está clasificada en la categoría de "En Peligro de Extinción (P)". Este estatus implica el nivel más alto de riesgo y activa medidas estrictas de protección, incluyendo la prohibición de extracción sin autorización. El marco legal que sustenta acciones como el aseguramiento en Hidalgo se encuentra en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), con reformas vigentes a 2024.
Sus artículos 51 y 60 Bis establecen que cualquier aprovechamiento de flora silvestre requiere autorización expresa de la SEMARNAT. Cuando no se puede acreditar la procedencia legal, la Profepa puede aplicar el aseguramiento precautorio, como ocurrió en este caso.
Operativo en Hidalgo y posibles sanciones
En el operativo específico en San Salvador, Hidalgo, la autoridad reportó que ninguno de los 33 ejemplares contaba con documentación que acreditara su extracción legal. Este elemento es determinante desde el punto de vista jurídico, ya que activa automáticamente mecanismos administrativos y potencialmente penales. En el plano penal, la extracción ilegal de especies en riesgo puede constituir un delito ambiental conforme al artículo 420 del Código Penal Federal (reforma 2023).
Las sanciones contemplan de uno a nueve años de prisión y multas de hasta 3,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad del caso. Aunque en este operativo no se han identificado públicamente a los responsables, la ausencia de detenidos no excluye la posibilidad de una investigación posterior por parte de la FGR, especialmente si se logra rastrear la cadena de extracción y transporte.
Acitrón, impacto ecológico y recuperación
El interés económico detrás de esta especie está vinculado principalmente a la producción de acitrón, un dulce tradicional mexicano elaborado a partir del tejido interno de la biznaga. Sin embargo, este proceso implica la destrucción total del organismo, lo que lo convierte en una práctica altamente impactante desde el punto de vista ecológico. Desde al menos 2013, instituciones como la SEMARNAT han impulsado campañas para desalentar el consumo de acitrón derivado de poblaciones silvestres, promoviendo sustitutos vegetales.
A pesar de ello, la demanda persiste, especialmente en temporadas festivas, generando presión continua sobre la especie. El volumen asegurado en Hidalgo —2,224 kilogramos en total— representa una pérdida potencial significativa si se considera el tiempo necesario para que estos organismos alcancen su tamaño actual. Cada ejemplar extraído equivale a décadas de crecimiento en condiciones ambientales específicas.
El impacto no se limita a la especie en sí. En ecosistemas semiáridos como el Valle del Mezquital, donde ocurrió el decomiso, las cactáceas cumplen funciones ecológicas clave: actúan como reservorios de agua, estabilizan el suelo y proporcionan microhábitats para diversas especies. Datos del INEGI (2022) señalan que la pérdida de cactáceas de gran tamaño tiene efectos acumulativos en ecosistemas áridos, particularmente en términos de biodiversidad asociada y procesos de erosión.
Tras el aseguramiento, los ejemplares fueron trasladados a un parque ecológico en Hidalgo, siguiendo lineamientos de manejo de vida silvestre establecidos por Profepa y SEMARNAT (actualización 2025). Estos protocolos incluyen evaluación del estado fitosanitario, hidratación y eventual reubicación controlada. Sin embargo, la reintroducción no siempre garantiza la supervivencia, ya que las cactáceas extraídas suelen presentar estrés hídrico y daño en raíces, factores que pueden comprometer su recuperación incluso bajo manejo técnico.
El caso evidencia una tensión persistente entre prácticas culturales, mercado ilegal y conservación biológica. La lentitud de crecimiento de la biznaga burra no es solo una curiosidad botánica: es el factor central que define su fragilidad y explica por qué cada ejemplar tiene un valor ecológico irrecuperable. El decomiso en Hidalgo no es un hecho aislado, sino un indicador de una presión estructural sobre especies de crecimiento lento, donde la pérdida se mide en tiempo ecológico que no puede ser recuperado.
