Senado da paso crucial en regulación de vivienda social con enfoque en accesibilidad
Después de un retraso de 17 meses, las comisiones unidas del Senado de la República han logrado avances significativos en la regulación de nuevas opciones para la adquisición, renta y autoconstrucción de vivienda de interés social. Este movimiento legislativo también incluye la compra de terrenos destinados a este fin, todo ello respaldado por créditos con tasas bajas. La iniciativa busca clarificar que estas acciones no comprometerán el ahorro de los trabajadores, aunque partidos de oposición como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han expresado preocupaciones sobre riesgos potenciales.
Protección a los ahorros de los trabajadores en el centro del debate
En respuesta a reclamos surgidos el año pasado tras modificaciones al Infonavit, la Ley de Vivienda ahora especifica en su artículo 56 que todas las acciones deben salvaguardar el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras. El texto advierte que, en ningún caso, estas acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos, ni los derechos adquiridos por los trabajadores conforme a las leyes aplicables.
Sin embargo, la oposición considera insuficientes estas aclaraciones. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, manifestó su preocupación al señalar que la reforma pone en riesgo los 286 mil millones de pesos de trabajadores del gobierno, como maestros, policías, bomberos y médicos, quienes dependen de créditos del Fovissste basados en sus ahorros personales.
Mely Romero, del PRI, calificó la reforma como "un asalto sin precedente al patrimonio de las familias", argumentando que el gobierno utiliza las cuentas de ahorro de vivienda de millones de trabajadores como una extensión del Presupuesto de Egresos de la Federación. Destacó que los fondos de Infonavit y Fovissste, que suman alrededor de 2.4 billones de pesos, son fruto del esfuerzo personal y no deben ser tratados como una "caja chica" gubernamental.
Ricardo Anaya, del PAN, precisó que, aunque la reforma parece beneficiosa, representa "un peligro brutal para los ahorros de la gente". Advirtió que quienes tienen Afore, especialmente trabajadores en sectores como la policía, educación o gobierno federal, deberían estar alertas, ya que se permite al gobierno de Morena utilizar estos recursos para construir fraccionamientos.
En contraste, Manuel Huerta, de Morena, resaltó que el artículo 56 protege el fondo de ahorro de vivienda y pidió a la oposición no engañar a la población.
Aprobación y alcances de la reforma legislativa
Con 15 votos a favor, 8 en contra y una abstención, las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Vivienda. Esta modificación, por primera vez, integra a todas las instituciones públicas, como Infonavit y Fovissste, en una política federal conjunta de vivienda de interés social.
La reforma establece que los organismos e instituciones que financien vivienda para trabajadores se regirán por sus leyes orgánicas y observarán las normas aplicables. Además, podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones, financiar la autoproducción de vivienda, y adquirir o urbanizar terrenos para unidades habitacionales, utilizando los recursos de sus fondos. El objetivo es enajenar o arrendar viviendas, generando condiciones que permitan a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente.
Asimismo, se autoriza la transmisión de bienes inmuebles y unidades privativas con usos distintos a vivienda, y se permite incluir servicios complementarios en los conjuntos habitacionales. Este cambio regula la reforma constitucional de noviembre de 2024, que elevó el derecho a la vivienda al máximo grado jurídico, y se espera que el pleno del Senado lo apruebe esta misma semana para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tras contar con el aval de la Cámara de Diputados.
