Organizaciones de la sociedad civil han solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso de la asociación civil CREARE, la cual es señalada por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a programas sociales.
Antecedentes del caso
CREARE ha sido objeto de diversas denuncias por parte de ciudadanos y colectivos, quienes aseguran que la organización habría desviado fondos federales y estatales para fines distintos a los establecidos. Las acusaciones incluyen la simulación de proyectos sociales y la falta de rendición de cuentas.
Petición de las organizaciones
En una carta dirigida al fiscal general, las agrupaciones civiles argumentan que la gravedad de los hechos y el monto de los recursos involucrados justifican la intervención de la FGR. Señalan que las autoridades locales no han actuado con la debida diligencia, por lo que es necesario que el caso sea investigado a nivel federal.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran varias dedicadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Han manifestado su preocupación porque los presuntos desvíos afectan directamente a comunidades vulnerables que dependen de estos programas.
Respuesta de las autoridades
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud. Sin embargo, fuentes internas indican que el caso podría ser atraído si se comprueba que los hechos constituyen delitos federales, como el uso indebido de recursos públicos o la delincuencia organizada.
Por su parte, representantes de CREARE han negado las acusaciones y aseguran que han cumplido con todos los requisitos legales y de transparencia. Han ofrecido su disposición a colaborar con cualquier investigación.
Reacciones de la sociedad civil
La petición ha generado un amplio respaldo en redes sociales y entre activistas. Consideran que la intervención de la FGR es fundamental para garantizar que se haga justicia y se siente un precedente en la lucha contra la corrupción en el manejo de recursos sociales.
Expertos en derecho penal señalan que, de aceptarse la atracción del caso, la FGR podría iniciar una investigación formal que incluya la revisión de contratos, estados financieros y testimonios de beneficiarios.
El caso de CREARE se suma a una lista de organizaciones civiles que han sido señaladas por presuntos malos manejos, lo que ha llevado a un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la asignación de recursos públicos.
