Diputados aprueban cárcel para quienes privatizan playas y bienes nacionales con violencia
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra en proceso de aprobar una reforma al Código Penal Federal que establecerá penas de hasta dos años de prisión para quienes utilicen violencia o intimidación para restringir el acceso a playas, ríos, lagunas, caminos federales y otros bienes nacionales de uso común. Esta medida busca fortalecer la protección jurídica de los derechos colectivos de los mexicanos.
Detalles de las sanciones propuestas
Según el dictamen que se aprobará en San Lázaro, se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a cualquier persona que, por sí misma o a través de intermediarios, inhiba, restrinja, obstaculice o condicione el libre acceso a estos bienes nacionales. La sanción aplicará específicamente cuando la conducta se realice con violencia o intimidación, y se mantendrá incluso si, después de un requerimiento formal de la autoridad competente, el infractor persiste en su actitud.
Insuficiencia de las leyes actuales
Los diputados reconocen que, a pesar de los mecanismos legislativos existentes, como la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales de 2020 firmada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el problema de la privatización de playas ha persistido e incluso aumentado. Se han registrado numerosas denuncias en diversas entidades del país, lo que evidencia la necesidad de medidas más contundentes.
Vulneración al libre tránsito y derechos constitucionales
El dictamen destaca que se han presentado múltiples denuncias colectivas de ciudadanos, comunidades costeras y organizaciones sociales, quienes señalan la vulneración de derechos garantizados por la Constitución, como el libre tránsito y el acceso a los bienes nacionales. Las medidas administrativas han resultado insuficientes para disuadir estas conductas, por lo que el Estado mexicano asume la responsabilidad de reforzar los mecanismos de protección.
Impacto en el turismo y la sociedad
Esta reforma no solo busca proteger los derechos de los mexicanos, sino también salvaguardar el turismo y las actividades recreativas en destinos como Acapulco. Al garantizar el libre acceso, uso y disfrute de las playas y otros bienes públicos, se promueve un entorno más justo y equitativo, evitando restricciones, cobros o privatizaciones que comprometan el libre tránsito.
