Reforma histórica pone fin a las pensiones doradas en el sector público
En un hecho sin precedentes, a partir de este sábado 11 de abril de 2026 entra en vigor la eliminación definitiva de las denominadas "pensiones doradas" para funcionarios y exfuncionarios de empresas y organismos públicos en México. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de abril, marca un punto de inflexión en la política de compensaciones del servicio público.
Cambios constitucionales con efectos inmediatos
La reforma al artículo 127 de la Constitución establece que ningún servidor público podrá percibir ingresos superiores a la mitad del salario del presidente de la República, salvo en casos excepcionales de desempeño múltiple de funciones o labores especializadas. Esta limitación se extiende específicamente a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza, afectando directamente a miles de exfuncionarios.
El ajuste tendrá efectos inmediatos según los artículos transitorios del decreto, los cuales indican que las pensiones de extrabajadores de confianza se modificarán a partir del día siguiente de la publicación oficial. Para contextualizar, actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum percibe 134 mil 290 pesos mensuales, por lo que el límite máximo para cualquier servidor público será de 67 mil 104 pesos.
Organismos y empresas afectadas
Las nuevas disposiciones aplican de manera específica a:
- Empleados y jubilados de organismos descentralizados
- Trabajadores de empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro
- Empleados de sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos
Los entes públicos involucrados tienen la obligación de revisar y adecuar contratos, disposiciones y condiciones legales de trabajo para cumplir con la nueva normativa. Sin embargo, se establece que "los ingresos por pensiones obtenidos con anterioridad se conservarán en los términos en que fueron reconocidos", protegiendo derechos adquiridos.
Proceso legislativo y avales estatales
El camino hacia esta reforma culminó el 8 de abril cuando el Senado de la República declaró la constitucionalidad de la modificación. Este paso decisivo ocurrió horas después de que más de 20 Congresos locales avalaran la eliminación de estas prestaciones consideradas excesivas por amplios sectores de la sociedad.
La publicación en el Diario Oficial de la Federación establece claramente que los cambios entrarán en vigor al día siguiente de su difusión oficial, cumpliendo así con los plazos establecidos en el marco jurídico mexicano para reformas de esta magnitud.
Esta transformación representa uno de los ajustes más significativos en la política de compensaciones del servicio público en décadas, respondiendo a demandas ciudadanas por mayor equidad y transparencia en el uso de recursos públicos.
