La corrupción, considerada un cáncer enquistado en la sociedad mexicana, es el blanco de una nueva iniciativa legislativa. En medio de acusaciones contra políticos y funcionarios de todos los niveles, el Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados impulsa una reforma constitucional para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles y se persigan de oficio, sin necesidad de denuncia, querella o autorización previa.
Objetivo de la reforma
El secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Javier Vázquez Calixto, recalcó que el objetivo es “garantizar que el tiempo deje de ser un aliado de la impunidad y se convierta en un instrumento de justicia permanente en favor de la sociedad”. Señaló que la corrupción ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones públicas, afectando el desarrollo democrático, económico y social.
Delitos contemplados
La propuesta establece que delitos como peculado, desviación de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y ejercicio ilícito del servicio público serán imprescriptibles. También incluye el uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, cuando sean cometidos por servidores públicos o representantes populares, así como por cualquier persona obligada a la custodia de recursos públicos.
Persecución de oficio
Además, la iniciativa turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales estipula que estos delitos se perseguirán de oficio, sin necesidad de denuncia previa. Vázquez Calixto explicó que la prescripción, originalmente concebida como garantía de seguridad jurídica, hoy es utilizada como obstáculo para la justicia en casos que afectan el patrimonio público y el interés colectivo.
Impacto esperado
El legislador petista afirmó que la reforma reforzará el principio de que el ejercicio del poder público conlleva una obligación continua frente a la sociedad, consolidando la cultura de legalidad y responsabilidad política. “Cada peso protegido de los delitos por hechos de corrupción se traduce en infraestructura, servicios y oportunidades para la población”, señaló.
Alineación internacional
La iniciativa está alineada con instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano a adoptar medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Su implementación generaría un nuevo estándar de responsabilidad en el servicio público, cerraría espacios a la impunidad y fortalecería el Estado de derecho.
