El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que no es necesario presentar pruebas, en una primera etapa, para detener provisionalmente a una persona de interés por parte de alguno de los dos gobiernos con fines de extradición. Así lo señalaron analistas consultados, quienes explicaron que el acuerdo indica que una vez validada la solicitud —como ya lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores— y detenido el individuo, el gobierno estadounidense dispondrá de 60 días para presentar las pruebas que sustenten las acusaciones.
Mecanismo de cooperación internacional
Luis Campos Carriedo, académico de la Universidad Panamericana, destacó que el Tratado de Extradición, suscrito en 1978, es un “mecanismo de cooperación internacional” que incluye una excepción: si existe urgencia por detener a una persona, la autoridad receptora puede hacerlo para cumplir con el tratado. “Esa distinción que hace Relaciones Exteriores: ‘lo presentaron sin pruebas’ es un juego de palabras. La detención provisional con fines de extradición conlleva describir a quién buscan, dónde está y que Estados Unidos se compromete a presentar, dentro de 60 días, una solicitud formal con todo el arsenal probatorio”, explicó.
Requisitos posteriores a la detención
Posteriormente, deben cumplirse requisitos como que los delitos imputados sean considerados crimen en ambos países y que se demuestre que, conforme a las leyes mexicanas, el acusado puede ser juzgado en el extranjero. Campos Carriedo señaló que ya se cumplió el “paso uno”: solicitar la orden de extradición de Rubén Rocha Moya al Gobierno federal, y ahora corresponde al Ministerio Público acatar la orden de urgencia.
Falta de investigaciones en México
Fernando Jiménez, académico del Colegio de Jalisco, puntualizó que “es muy grave que México no haya abierto carpetas de investigación” contra el gobernador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios señalados por Estados Unidos. Enfatizó que el Departamento del Tesoro de EU no necesita presentar pruebas y puede solicitar la detención de urgencia si existe riesgo de fuga. Las autoridades mexicanas pueden detener al gobernador con fines de extradición, pero solo tras presentar las pruebas podría ser enviado a EU. No obstante, consideró que al tratarse de un gobernador en funciones, “el proceso sería distinto. No es fácil hacer la detención, pero sí se debería iniciar, por lo menos, un proceso de separación del cargo para enfrentar los cargos sobre sus relaciones con actores criminales locales”.
Dimensión política y presión en el T-MEC
Armando Zacarías Castillo, académico de la Universidad de Guadalajara, apuntó que, aunque es un tema jurídico, en México se convertirá en una cuestión política, lo que dificultará la detención del gobernador. Advirtió que las acusaciones de Estados Unidos llegan en el marco de la renegociación del T-MEC y las críticas de Donald Trump sobre el combate al narcotráfico en México. Los señalamientos contra Rocha Moya y nueve funcionarios más podrían ser utilizados como herramienta de presión en las negociaciones comerciales. Además, una detención de un gobernador, senador y alcalde en funciones acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa podría beneficiar a Trump y al Partido Republicano en las elecciones intermedias de noviembre. “Esa estrategia de presión de Estados Unidos hacia México tiene el objetivo, entre otros, electoral: mostrar firmeza del sistema, solidez de la estructura republicana y resultados positivos para los votantes”, expresó.
