La Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta una crisis de efectividad. Según el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 presentado por Ernestina Godoy al Senado, en 2025 apenas el 16.8% de las carpetas de investigación fueron judicializadas, y solo el 7% de esas llegaron a sentencia condenatoria. El diagnóstico revela que la mayoría de las condenas (94.6%) se obtuvieron mediante procedimiento abreviado, mecanismo que agiliza casos sencillos pero deja rezagados los de alta complejidad.
Un sistema constipado
La FGR reconoce que su capacidad de investigación es limitada. De 135 mil 256 carpetas en trámite, solo 22 mil 54 fueron presentadas ante un juez. De estas, 13 mil 44 culminaron en sentencia, pero casi todas por vía abreviada. Esto significa que delitos como la delincuencia organizada, feminicidio, desaparición forzada, tortura, homicidio, trata de personas y violencia sexual quedan sin una respuesta judicial sólida.
Procedimiento abreviado: ¿solución o parche?
El uso intensivo del procedimiento abreviado permite resolver expedientes rápidamente, pero la propia Fiscalía admite que genera un desequilibrio. Mientras los casos de baja complejidad se resuelven con eficiencia, los ilícitos de alto impacto, que requieren investigación profunda y litigio oral, quedan impunes. La FGR reconoce que carece de la inteligencia táctica y la capacidad de sus equipos para enfrentar estos crímenes.
El plan estratégico de Godoy
El plan presentado por la fiscal Ernestina Godoy propone profesionalizar la investigación criminal y priorizar los delitos de alto impacto. Sin embargo, el diagnóstico honesto contrasta con la falta de medidas concretas para transformar la capacidad operativa de la institución. Sin una reforma profunda, el riesgo de perpetuar la impunidad sigue latente.
En 2025, la FGR solo procesó a 18 mil 744 personas, una cifra mínima frente al volumen de denuncias. La parálisis institucional es evidente, y el nuevo plan, aunque necesario, podría ser insuficiente si no se acompaña de recursos y voluntad política.
