La toma de protesta de Arturo Chávez López, Frida Gómez Puga y Blanca Cruz García como nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta 2035 representa el movimiento final que consolida la captura del órgano electoral por parte de la Cuarta Transformación (4T). Estos tres perfiles mantienen una estrecha cercanía con el oficialismo, lo que evidencia una estrategia para controlar la institución.
Antecedentes de la captura
El INE siempre respetó los triunfos electorales de Morena, permitiendo que en menos de una década conquistaran la Presidencia de la República. Sin embargo, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, el órgano electoral comenzó a ser debilitado mediante ataques desde el púlpito presidencial contra el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova.
En 2022, Morena no logró los votos necesarios en San Lázaro para aprobar una reforma constitucional que desapareciera al INE y creara un organismo afín al gobierno, bajo el argumento de reducir costos. Posteriormente, el Plan B también fue frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Estrategia para tomar el control
Desde ese momento, se trazó una ruta para hacerse de la presidencia del INE en marzo de 2023, utilizando la mayoría simple de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para sesgar la elección de cuatro de los 11 consejeros electorales que integran el Consejo General del INE, así como la presidencia.
La integración del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes (siete miembros: tres propuestos por la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dos por el extinto INAI y dos por la CNDH) evidenció una clara selección de perfiles allegados al gobierno lópezobradorista. Por ello, en la lista de 20 finalistas apareció una mayoría de candidatos afines a la 4T, y la elección al azar de los cuatro nuevos consejeros fue la conclusión de esa estrategia.
Repetición del proceso
Esta misma receta se repitió en el proceso para elegir a los dos consejeros y al nuevo consejero que llegaron ayer al INE. Aunque legal, su designación refleja la falta de acuerdos de la clase política y las resistencias para evolucionar hacia un sistema de designaciones públicas que privilegie la técnica y la experiencia sobre las imposiciones mayoritarias y las incondicionalidades políticas.
El hecho de que al menos seis de los 11 integrantes del Consejo General del INE sean incondicionales a la 4T, sumado a su dominio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), representa un retroceso democrático desde cualquier perspectiva.
Llamado a la sociedad civil
Para que el INE cumpla su misión de mantener el voto y las elecciones libres en México, no basta con confiar en las promesas de los nuevos consejeros. Es necesario que la sociedad civil reactive la agenda democrática, para no perder un anhelo generacional que, tras décadas de lucha, se alcanzó hace 26 años y hoy está nuevamente en riesgo.
