La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, advirtió que la organización de las elecciones judiciales de manera simultánea con las legislativas en 2027 implicaría un costo de hasta 15 mil millones de pesos, debido a la complejidad operativa y logística. Durante su participación en el foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, la consejera explicó que el INE enfrenta uno de los mayores retos de su historia, al contemplar la renovación de 500 diputaciones federales, 463 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de procesos locales en 17 entidades.
Costos duplicados o triplicados
López Vences subrayó que, contrario a la expectativa de reducir costos, la concurrencia de elecciones duplica o incluso triplica los recursos necesarios, particularmente en rubros como impresión de boletas, capacitación de personal, instalación de casillas y logística territorial. “La operación implica más boletas, más documentación, más personal y más infraestructura. Esto no abarata la elección, al contrario, la hace mucho más costosa”, señaló. Detalló que uno de los principales desafíos es la impresión de boletas electorales, ya que el número requerido sería histórico y existe un número limitado de empresas con capacidad para producirlas bajo estándares de seguridad, lo que podría generar cuellos de botella.
Modelos de votación diferenciados
La consejera indicó que la coexistencia de dos modelos de votación —uno para el Poder Legislativo y otro para el Judicial— obliga a instalar casillas diferenciadas, con flujos de votación distintos, lo que incrementa la necesidad de personal capacitado y espacios físicos adecuados, como bodegas con estrictos protocolos de seguridad. Añadió que estas condiciones también generan complicaciones para el electorado, como mayores distancias entre casillas y posibles desincentivos para participar en ambas elecciones.
Propuesta de aplazamiento
Ante este panorama, López Vences recordó que las consejerías del INE han planteado la posibilidad de separar los procesos electorales para reducir la carga operativa y mejorar su organización. “Una de las cosas en la que las 11 consejerías coincidíamos era la necesidad de aplazar esta elección y que solamente fuera para 2026 y 2027 la elección del Poder Legislativo”, explicó. La proyección de costos para la elección concurrente sería de 15 mil millones de pesos, aseguró.
Apoyo de organizaciones
Las preocupaciones expuestas por la consejera fueron respaldadas por diversas organizaciones presentes en el foro. Desde México Evalúa, Susana Camacho advirtió que la elección judicial de 2025 fue apresurada y evidenció la necesidad de rediseñar reglas, mejorar procesos de evaluación de candidaturas y contar con más tiempo para organizar futuros comicios. Por su parte, Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, señaló que la falta de pedagogía electoral y la complejidad de las boletas generaron confusión entre los votantes, lo que derivó en baja participación. Representantes de la Barra Mexicana de Abogados y Coparmex coincidieron en que mezclar elecciones políticas y judiciales distorsiona la lógica de ambos procesos, al introducir dinámicas partidistas en la selección de perfiles judiciales.
Contexto político
El foro se desarrolló en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la posibilidad de reconsiderar la fecha de la elección judicial, incluso después de haber planteado previamente su realización en 2027. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, reconoció que el proceso inicial dejó “lecciones claras” y advirtió que, sin evaluaciones sólidas, el nuevo sistema puede perder capacidad para cumplir su objetivo de transformar la justicia en beneficio de la población. Recordó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha planteado la necesidad de ajustes de fondo, mientras que la presidenta Sheinbaum abrió la puerta a posponer la elección de personas juzgadoras de 2027 a 2028 para corregir fallas del diseño.
Advertencia internacional
A la presión interna se suma la advertencia internacional. La OCDE alertó que la elección de todos los jueces por voto popular —un caso único en el mundo— podría poner en riesgo la imparcialidad judicial y afectar la inversión, al generar incertidumbre en sectores clave. Corral señaló que en el primer proceso hubo criterios dispares, falta de parámetros claros y, en algunos casos, influencia de grupos de poder en la definición de candidaturas, especialmente a nivel local.
