Finanzas Públicas Bajo Presión: El Dilema de Sheinbaum Entre Programas Sociales y Desarrollo
En un escenario económico complejo, marcado por un crecimiento marginal y presiones fiscales crecientes, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó su primer año de gobierno con decisiones presupuestales que han encendido señales de alerta. Un análisis detallado de México Evalúa en su estudio "Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio" revela una estrategia clara: sacrificar el gasto en áreas críticas como salud, seguridad e inversión para salvaguardar los programas sociales emblemáticos de la llamada Cuarta Transformación.
Prioridad a las Pensiones Asistenciales en un Contexto de Bajo Crecimiento
El año 2025 cerró con una economía mexicana que apenas creció un 0.8%, un déficit fiscal que alcanzó el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) –superando la meta en un punto porcentual– y un costo de la deuda pública en su nivel más alto desde 1993. Frente a este panorama, el gobierno destinó el 9.9% de sus ingresos tributarios exclusivamente al pago de pensiones asistenciales, casi el triple del porcentaje registrado en 2019. Esta cifra no incluye las históricas transferencias a Pemex, que sumaron 156 mil millones de pesos.
El pago de intereses y el servicio de la deuda pública ascendieron a 1.31 billones de pesos, un incremento del 9.8% respecto a 2024. Esto significa que, por cada peso cobrado en impuestos, 24 centavos se dedicaron a este rubro, limitando severamente la capacidad de maniobra del erario.
La Inversión Pública: La Gran Variable de Ajuste
Para contener el déficit, el gobierno implementó un ajuste presupuestal que impactó drásticamente la inversión pública. En 2025, este rubro sufrió una caída del 28.4% en comparación con el año anterior, ubicándose en 770 mil millones de pesos, su nivel más bajo desde 2008. El estudio advierte que "recortar la inversión debilita el desarrollo del país, por lo que habrá consecuencias a largo plazo".
La investigación subraya que la inversión pública, a través de infraestructura en salud, educación, electricidad y agua, no solo impulsa el bienestar social inmediato, sino que funciona como palanca del crecimiento económico e incentiva la inversión privada. "Cuando el Estado reduce su inversión y utiliza la deuda principalmente para cubrir presiones corrientes, envía señales de menor dinamismo y previsibilidad", señala el documento, lo que puede desincentivar proyectos privados complementarios y erosionar la base productiva del país.
Recortes en Seguridad y Salud en Medio de una Crisis
Paradójicamente, el gasto en Estado de derecho –que engloba seguridad nacional, orden público, justicia y parte del fondo municipal– se contrajo un 1.4% en 2025, a pesar de la grave crisis de inseguridad que vive México. En perspectiva histórica, este presupuesto se ubica 9% por debajo del máximo de 2016. El gobierno desembolsó 2,908 pesos por habitante en estos rubros, una disminución de 538 pesos per cápita respecto a 2016.
Internacionalmente, el gasto por habitante en seguridad y justicia de México en 2025 fue 486 pesos menor que el promedio de América Latina y el Caribe. Además, solo el 1.1% del gasto programable se destinó al Poder Judicial, muy por debajo del 2% recomendado por la ONU, evidenciando una "subinversión estructural".
Este recorte ocurre en un contexto donde la violencia letal persiste. Según datos oficiales citados por México Evalúa, en 2025 se registraron más de 72,000 eventos asociados a la violencia letal, un incremento del 73% respecto a 2015. La percepción de inseguridad también aumentó, alcanzando al 63.8% de la población urbana a finales de 2025.
El gasto en salud tampoco escapó a los recortes, retrocediendo un 2.3% (equivalente a 22 mil millones de pesos) en el mismo periodo.
La Carga Creciente de las Pensiones y la Deuda
El estudio destaca la creciente rigidez del gasto público. Si se considera solo a la población en edad de trabajar (15 a 64 años), la carga implícita de pensiones asistenciales ascendió a 23,832 pesos por cada mexicano, un 49% más que en 2019. Esto significa que cada trabajador sostiene una proporción mayor de obligaciones pensionarias, limitando recursos para otros servicios públicos.
La relación entre inversión en infraestructura y pensiones se ha invertido dramáticamente. En 2005, por cada peso destinado a pensiones se invertían 1.2 pesos en infraestructura. En 2025, por cada peso ejercido en inversión física se destinaron 2.7 pesos a pensiones, indicando que el Estado asigna casi tres veces más recursos a obligaciones con generaciones retiradas que a proyectos de crecimiento futuro.
Recomendaciones para la Sostenibilidad Fiscal
México Evalúa plantea que la consolidación fiscal "no puede sostenerse sólo con recortes de corto plazo" y requiere una reconfiguración del presupuesto. El centro de pensamiento hace cinco recomendaciones clave:
- Impulsar el crecimiento económico para fortalecer las finanzas públicas mediante una base tributaria más amplia, con estrategias de formalización y simplificación administrativa.
- Fortalecer la transparencia y gobernanza de la fiscalización tributaria, otorgando mayor relevancia a la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente y publicando estadísticas periódicas sobre auditorías.
- Contrarrestar el uso no productivo de la deuda pública, asegurando que se destine a financiar activos productivos.
- Establecer garantías presupuestarias para sectores prioritarios como salud, seguridad municipal, Estado de derecho e inversión pública.
- Condicionar los apoyos a Pemex a mejoras en la rentabilidad de la paraestatal, cuya producción de crudo cayó en 2025 a 1.36 millones de barriles diarios, el nivel más bajo desde 1990.
El estudio concluye que, sin estos cambios, el margen para financiar el desarrollo y los derechos sociales seguirá reduciéndose, comprometiendo la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
