Una corte federal en Brooklyn, Nueva York, ordenó a la fiscalía estadounidense entregar al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, toda la información en su contra que pueda servir a su defensa, especialmente aquella que contribuya a declararlo culpable, según documentos judiciales a los que Excélsior tuvo acceso, firmados por la jueza Sarah Netburn.
Contexto del caso
Mérida Sánchez es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa investigados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. En la lista también figuran el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, quien también fue aprehendido por autoridades estadounidenses.
Según la corte, Mérida Sánchez no se declaró culpable ni inocente al ser presentado ante el tribunal el viernes, por lo que su situación jurídica permanece en un limbo legal.
Entrega voluntaria y posible testigo protegido
Al entregarse en la frontera de Arizona el 11 de mayo, Mérida Sánchez expresó su deseo de ser testigo protegido. Sin embargo, esa condición no la otorga automáticamente el marshal federal, sino que depende de una prolongada negociación entre sus abogados y la fiscalía, como ha ocurrido con otros acusados de narcotráfico, como los hijos de El Chapo.
Un abogado consultado bajo condición de anonimato explicó que si la condición de testigo protegido se otorgara automáticamente, narcotraficantes con décadas de actividad delictiva quedarían impunes. Las negociaciones pueden tomar desde varios meses hasta años.
Acusaciones por terrorismo solo para funcionarios
Tanto Mérida como Díaz y otros narcopolíticos señalados por Estados Unidos serán juzgados bajo leyes contra terrorismo. No obstante, esto no ocurrirá con los 92 capos que México ha extraditado. El Departamento de Justicia estableció como prioridad que las 93 fiscalías federales formulen cargos por terrorismo contra funcionarios mexicanos ligados al narcotráfico.
Estos cargos no los enfrentan figuras como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes o Antonio Oseguera Cervantes. La acusación por terrorismo es exclusiva para funcionarios y representa un agravante que puede magnificar otras acusaciones.
Implicaciones de los cargos por terrorismo
El sistema de justicia estadounidense no establece una pena específica para cargos por terrorismo, pero estos actúan como agravante. Por ejemplo, un cargo de conspiración para tráfico de drogas podría conllevar una condena mínima de 10 años, pero con el agravante de terrorismo, la sentencia podría ser cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 25 años.
Uno de los cargos comunes contra funcionarios acusados será el de apoyo a organizaciones terroristas.
Estatus actual de Gerardo Mérida Sánchez
- No se ha declarado culpable ni inocente.
- Se entregó de forma voluntaria el 11 de mayo.
- Aún no es considerado testigo protegido.
- Su proceso puede durar desde meses hasta años.
Enrique Díaz Vega y otros implicados
Los documentos de la corte en Nueva York no mencionan que Enrique Díaz Vega se haya entregado. Existe un documento sellado del 5 de mayo al que la prensa no tiene acceso, pero antes de ese documento, las acusaciones contra el exjefe financiero de Rubén Rocha están en el expediente de 2023 de Los Chapitos. La Oficina Federal de Prisiones (BOP) tampoco tiene registro sobre Díaz Vega.
Estados Unidos se prepara para acusar por primera vez en la historia por terrorismo a funcionarios mexicanos, mientras que los narcotraficantes extraditados no enfrentan ese agravante. Solo Nicolás Maduro enfrenta un tipo de acusación similar.
