El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, fueron detenidos por Estados Unidos, que los acusa de tener nexos con el narcotráfico, junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha y otros siete exfuncionarios. Ambos serán juzgados por terrorismo, debido a que la administración de Donald Trump asignó como prioridad a las 93 fiscalías federales perseguir con leyes en esa materia a funcionarios mexicanos coludidos con el narco.
Detalles de las detenciones
De acuerdo con el documento oficial de la corte e información confirmada por el Gabinete de seguridad, Mérida Sánchez salió desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo y atravesó la Garita de Nogales con dirección a Estados Unidos. Tras su ingreso a Arizona, quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de ese país. En la audiencia de arraigo en el tribunal federal del distrito sur de Manhattan, el exfuncionario se declaró no culpable de cargos relacionados con narcotráfico, porte de armas y secuestro.
Por su parte, Enrique Díaz se entregó ante autoridades estadunidenses, según una fuente del gobierno de Sinaloa, citada por Reuters, quien refirió que él se encuentra bajo custodia en ese país, pero no dio más detalles.
Acusaciones y contexto
En el caso abierto por el gobierno estadunidense hay diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. A dos de ellos, Rocha y el senador Enrique Inzunza, la Unidad de Inteligencia Financiera les bloqueó sus cuentas, como parte de una cooperación en indagatorias de carácter internacional, medida que la presidenta Sheinbaum dijo desconocer.
Estados Unidos asegura que Mérida recibía 100 mil dólares mensuales de Los Chapitos para evitar que los operativos cumplieran su cometido. Llegó a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa con la consigna de Rubén Rocha de disminuir los índices de inseguridad y estuvo en el cargo más de un año.
Enrique Díaz, desde el sector inmobiliario y la construcción, saltó a la silla donde se decidía todo: contratos, licitaciones, pago a proveedores y la nómina estatal. Bajo su gestión como secretario de Finanzas (2021-2024), se sospecha que las arcas estatales aceitaban la maquinaria que protegía a los hijos de El Chapo.
Cargos específicos
- Asociación delictuosa para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
La administración de Donald Trump instruyó a sus 93 fiscalías federales a dar prioridad a la formulación de cargos bajo leyes contra el terrorismo para funcionarios mexicanos coludidos con el narcotráfico. Esta medida se fundamenta en la designación de los cárteles como organizaciones terroristas desde hace más de un año.
Mérida Sánchez enfrenta cargos graves que incluyen conspiración para el tráfico de narcóticos, especialmente fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. También lo investigan por corrupción y sobornos, ya que se le acusa de recibir mensualidades de 100 mil dólares por parte de Los Chapitos. Los cargos se completan con la acusación de posesión de armas y obstrucción de la justicia.
Según investigaciones, la colusión buscaba el intercambio de protección y avisos sobre operativos a cambio de apoyo político y sobornos. El fiscal general adjunto, Aakash Singh, subrayó que el objetivo es triplicar las acusaciones contra funcionarios corruptos que permiten a “monstruos” traficar con veneno, advirtiendo que este es sólo el inicio de una campaña judicial más amplia en México. La próxima audiencia para definir la situación jurídica de los detenidos y posibles paquetes de libertad condicional está programada para el próximo 1 de junio.
“Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es el broche de oro”, apuntó el funcionario.
