La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó órdenes de aprehensión contra dos empresarios inmobiliarios, José Lobatón y Alejandro Tamayo, acusados de defraudar a cientos de personas mediante la venta de departamentos y viviendas. El daño patrimonial total supera los mil millones de pesos, afectando a más de 400 inversionistas.
Caso José Lobatón
José Lobatón, propietario de la inmobiliaria Proyectos 9, fue detenido por agentes ministeriales tras ser acusado de fraude agravado relacionado con desarrollos en San Pedro Garza García. Las autoridades investigan un daño patrimonial cercano a los 500 millones de pesos, reclamado por aproximadamente 200 personas. La orden de aprehensión se ejecutó en un hospital privado de Monterrey, luego de que el empresario no asistiera a una audiencia judicial por problemas de salud. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un operativo de vigilancia en el Swiss Hospital, donde fue detenido y trasladado a las instalaciones de la AEI. El abogado de las víctimas informó que Lobatón permanecerá en el centro de reinserción social II de Apodaca mientras continúa el proceso judicial. El empresario podría enfrentar una pena de 8 a 12 años de prisión, además de la reparación del daño. Los desarrollos Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca, Azul Moca y Amarillo Moca, en Monterrey, así como Volga y Las Palmas, en San Pedro Garza, figuran entre los complejos señalados por las víctimas.
Caso Tamayo Capital
En un caso separado, un juez de Control ordenó la vinculación a proceso de tres acusados por presunto fraude en perjuicio de cientos de inversionistas contra la empresa Tamayo Capital. Los imputados son Alejandro "N", de 51 años; Mario "N", de 29 años; y Dymaris, de 35 años, quienes fueron recluidos en el Cereso de Apodaca. Tras reanudarse la audiencia diferida del 16 de mayo, un agente del Ministerio Público expuso hechos que configuran el delito de fraude. El juez estimó acreditada la probable participación de los tres imputados, dictó auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva como medida cautelar. Se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Los acusados, a través de la Inmobiliaria Tamayo Capital, presuntamente defraudaron a inversionistas por montos que suman más de 400 millones de pesos.
