Exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta severas penas por desaparición forzada
Hernán Bermúdez, conocido como el "Abuelo" y señalado como presunto líder de la organización criminal "La Barredora", fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada y podría enfrentar una condena de entre 40 y 60 años de prisión, según informaron autoridades del estado de Tabasco.
Detalles del caso y posibles sanciones
La Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió un comunicado donde detalló que el exservidor público permanecerá en el penal del Altiplano mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual un juez otorgó un plazo de dos meses.
"La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión", explicó la Fiscalía. "Dicha sanción puede incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es del sexo femenino; además, de comprobarse la responsabilidad de un servidor público, se le impondrá la destitución e inhabilitación para cualquier cargo o comisión pública hasta por el doble del lapso de la privación de la libertad impuesta".
Antecedentes de Hernán Bermúdez
En 2019, Bermúdez fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. Se mantuvo en el cargo tras la salida de Adán Augusto López, durante la administración del gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos, quien lo ratificó.
También conocido como el "Abuelo", es señalado como presunto líder de la organización criminal "La Barredora", grupo dedicado al narcomenudeo, la extorsión y el secuestro exprés en el sur del país.
Contexto legal y procesal
El caso representa un ejemplo significativo de la aplicación de la legislación federal en materia de desaparición forzada, que contempla sanciones particularmente severas cuando los presuntos responsables son servidores públicos. La vinculación a proceso marca un paso crucial en la investigación, que ahora se enfoca en recabar evidencia complementaria durante los próximos 60 días.
Las autoridades tabasqueñas han destacado la importancia de este proceso judicial, que podría establecer precedentes significativos en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto en la región sureste de México.
