Un hito laboral con sombras: la reforma para plataformas digitales en México
La reciente modificación de la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales constituye un momento histórico en el ámbito laboral mexicano. Después de años de operar en un limbo jurídico, el Estado ha tomado una medida progresista para reconocer una realidad evidente pero largamente ignorada: detrás de cada clic, cada entrega de comida y cada viaje, hay personas trabajadoras de carne y hueso a quienes se les deben garantizar derechos fundamentales.
Éxitos iniciales en la formalización del sector
La implementación del programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya está dando sus primeros frutos, y son dignos de reconocimiento. En el último mes de la prueba, más de 206,512 personas superaron el umbral de ingresos necesario para acceder a la seguridad social. Esta cifra representa una noticia alentadora, ya que significa que para más de doscientas mil familias, la incertidumbre ante accidentes laborales o emergencias médicas comienza a disiparse. Este avance confirma una tesis crucial: la formalización del sector no es una utopía, sino una posibilidad administrativa y política tangible.
Las grietas ocultas: el riesgo de dejar atrás a las mujeres
Sin embargo, en política pública, el éxito general a menudo sirve como cortina que oculta las deficiencias particulares. Aunque los números globales son positivos, un análisis más profundo, realizado con una perspectiva de género, revela que el diseño actual de la reforma, aunque bienintencionado, corre el peligro de marginar a una parte vital del gremio: las mujeres. Este es un sector altamente masculinizado, donde las mujeres representan apenas el 10% de la fuerza laboral. Precisamente por ser minoría numérica, existe el riesgo latente de que sus problemáticas específicas sean invisibilizadas bajo la premisa de la "neutralidad" de la ley.
El informe "Conectadas al cambio: por un trabajo justo para las mujeres en plataformas digitales", presentado recientemente por el consorcio UNIDAS, señala cómo las reglas actuales, paradójicamente, podrían estar profundizando las brechas de desigualdad que prometieron cerrar. Se han identificado cuatro barreras críticas que requieren atención prioritaria para ajustar el rumbo de la reforma.
Barreras críticas para las trabajadoras
Acceso desigual a la seguridad social: Para acceder a ella, las personas trabajadoras deben generar un ingreso base equivalente al salario mínimo. No obstante, el obstáculo reside en el llamado "factor de exclusión": un porcentaje que se descuenta al total de ingresos generados para calcular el ingreso neto. Por ejemplo, si una conductora tiene un ingreso bruto equivalente al salario mínimo (9,558 pesos en un mes), al aplicarse un factor de exclusión del 48% (para quienes usan automóvil), solo se toman en cuenta 4,970 pesos. Esto la obliga a generar más de 18,000 pesos brutos mensuales solo para acceder a la seguridad social.
Bajo estas reglas, cruzar la meta es una carrera de obstáculos mucho más difícil para las mujeres. Ellas suelen trabajar jornadas fragmentadas no por falta de voluntad, sino por la carga de cuidados: son quienes desconectan la aplicación para recoger a sus hijos, cuidar a personas enfermas o gestionar el hogar. Esta realidad se confirma con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social: existe una subrepresentación de mujeres en el acceso a la seguridad social, alcanzando sólo al 5% de las beneficiarias, la mitad de lo que se esperaría por su participación en el sector. Al exigir el mismo umbral a quienes no tienen el mismo tiempo disponible, la política pública penaliza, indirectamente, los cuidados.
Maternidad y riesgo de despido: La normativa actual establece que la inactividad por 30 días puede interpretarse como terminación de la relación laboral. ¿Qué sucede con una trabajadora en las últimas semanas de embarazo o en pleno puerperio? Bajo la regla actual, su necesidad fisiológica de reposo se traduce en un despido automático y la pérdida de derechos justo cuando más los necesita. Además, la reintegración laboral es compleja pues tampoco contarán con el acceso a guarderías. A esto se suma que los horarios no son compatibles con las dinámicas de las plataformas, que a menudo incluyen turnos nocturnos o fines de semana.
Violencia y acoso: Una realidad alarmante es que siete de cada diez trabajadoras reportan haber sufrido acoso o violencia durante sus servicios. Las formas más frecuentes son acoso verbal (77.4%), insinuaciones sexuales (62.3%), contacto físico no deseado (47.2%) e insultos por razón de género (54.7%). Aunque la reforma obliga a las empresas a tener protocolos, en la práctica, los contratos y políticas actuales no explicitan acciones contundentes de prevención, atención y sanción.
Opacidad algorítmica: A pesar de la publicación de sus políticas, los algoritmos siguen siendo cajas negras que penalizan a quien rechaza un viaje, incluso si es por seguridad. Si una conductora rechaza un servicio en una zona de alto riesgo, el algoritmo la castiga con menos asignaciones, afectando su ingreso y alejándola de la seguridad social. Se les obliga a elegir, literalmente, entre su integridad física y su protección social.
Propuestas para un camino más justo
Estos hallazgos no se presentan como una descalificación a la reforma, sino como un esfuerzo constructivo para identificar áreas de oportunidad. Existen propuestas factibles y accionables que es necesario seguir discutiendo para mejorarlas e incorporarlas a una nueva versión de la reforma:
- Establecer un "factor de exclusión" diferenciado para mujeres, basado en la brecha de ingresos real, como una medida afirmativa para "emparejar el piso" de acceso a la seguridad social.
- Armonizar los criterios del IMSS, la LFT y los contratos de las plataformas para garantizar que la licencia de maternidad se reconozca como un periodo de incapacidad protegido, asegurando la continuidad de la atención médica y las prestaciones.
- Diseñar, implementar y monitorear protocolos obligatorios contra la violencia y el acoso a partir de la realidad de las trabajadoras, integrando las mejores prácticas de autocuidado que ellas ya han validado y que las plataformas deben institucionalizar y mejorar.
- Garantizar la transparencia y revisión humana en la gestión algorítmica y revisar el sesgo de género para no penalizar el rechazo de viajes por seguridad.
La tecnología avanza rápido, pero los derechos laborales deben avanzar a la par. Tenemos la oportunidad histórica de lograr que la flexibilidad laboral no sea sinónimo de precariedad para las mujeres. La mesa está puesta y necesitamos sentarnos para continuar este diálogo y construir acciones concretas para garantizar el trabajo justo para las trabajadoras de plataformas digitales.
