ONU advierte sobre crisis de desapariciones en México: esfuerzos "sobrepasados" por la magnitud del crimen
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha emitido un informe contundente que concluye que los esfuerzos y medidas adoptadas por México para combatir las desapariciones han sido "sobrepasadas por la magnitud del crimen". Este documento, de aproximadamente 60 páginas y resultado de una investigación de más de una década, fue remitido el pasado 2 de abril al secretario general de la ONU para su presentación urgente ante la Asamblea General, con el fin de abordar la grave crisis que enfrenta el país.
Respuesta del gobierno mexicano: defensa y contradicciones
Entre los materiales compartidos por el Comité se incluye una "respuesta complementaria" del Gobierno mexicano, fechada el 30 de marzo de 2026, en la que se defienden las acciones implementadas en el último año para atender la crisis de personas desaparecidas. Esta respuesta surge ante el señalamiento de la ONU de que las desapariciones ocurren en México de manera sistemática y generalizada, lo que podría constituir un crimen de lesa humanidad. Cabe destacar que la respuesta principal del gobierno, entregada en septiembre de 2025, fue clasificada como confidencial a petición de las autoridades mexicanas.
En su defensa, el gobierno federal enumera varios avances, como la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, el "fortalecimiento" del Banco Nacional de Datos Forenses y una mejor coordinación interinstitucional. Además, se promueve la posibilidad de reportar desapariciones "inmediatamente" a través de múltiples canales, incluyendo un teléfono, WhatsApp y una línea internacional.
Pruebas de ineficacia: fallas en la atención inmediata
Sin embargo, una prueba práctica revela graves deficiencias en estos sistemas. En un caso hipotético donde una desaparición hubiera ocurrido a las 7:30 de la mañana, los intentos de contacto con los números proporcionados resultaron infructuosos en tres ocasiones, dirigiendo las llamadas a buzón de voz. La respuesta no se recibió hasta las 10:30 de la mañana, a pesar de que se promete atención las 24 horas. Este ejemplo pone en evidencia las "complejidades e ineficiencias administrativas" que, según el Comité, contribuyen al fracaso del Estado en esta materia.
El material gubernamental concluye con una afirmación que ha sido calificada como temeraria: "En ninguna circunstancia se configura en México una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada. Se reitera que el Gobierno de México no consiente, permite ni ordena desapariciones forzadas". El Comité nunca ha acusado al gobierno de cometer desapariciones directamente, pero sí ha señalado que el fracaso estatal puede deberse a factores como la corrupción, la falta de recursos y los vínculos de servidores públicos con organizaciones criminales, a veces a niveles altos.
Implicaciones y llamado a la acción
Este informe subraya la urgente necesidad de mejorar la eficacia y transparencia en la respuesta del Estado mexicano ante las desapariciones. Las minucias, como los fallos en los sistemas de atención, revelan una burocracia que simula acción pero no responde adecuadamente a la magnitud de la crisis. La comunidad internacional observa con preocupación cómo México enfrenta este desafío, mientras las víctimas y sus familias continúan esperando justicia y respuestas concretas.
