El fuego que inició el diputado federal Mario López Hernández contra morenistas comenzó a revivir casos de corrupción en los que el propio legislador es señalado como partícipe. Las acusaciones de López Hernández contra morenistas, a quienes vinculó al huachicol fiscal, motivaron que el Partido Verde Ecologista de México se deslindara de él. Manuel Muñoz Cano, líder del Verde, indicó que, si bien López Hernández forma parte de la bancada del Verde en San Lázaro, su identidad política corresponde a otro instituto, pues el propio ex alcalde de Matamoros aseguró ser parte de Morena.
¿Quién es Mario López Hernández?
Se trata de un empresario gasolinero que creció de manera acelerada durante las últimas administraciones del PRI y PAN en Tamaulipas, pero llegó a ser diputado federal por el PVEM tras dos administraciones consecutivas como alcalde de Matamoros (2018-2021 y 2021-2024) por Morena. Su vida pública ha estado envuelta en escándalos. Quince años de cobertura periodística, registros públicos y observaciones de organismos fiscalizadores configuran un perfil que ningún partido incorporaría sin un análisis de daños previo.
El patrimonio que no cuadra (2015-2024)
Ha sido señalado de adquirir al menos 20 propiedades en Tamaulipas: 19 en Matamoros y una en Reynosa, a través de presuntos prestanombres familiares con capacidad económica no acreditada. Entre las propiedades destacan una registrada a nombre de Marsella Huerta y otra al del propio López Hernández en San Benito, Texas (26742 Guelker Rd, condado de Cameron). Reportes de medios fronterizos estimaron inversiones en propiedades por al menos 1.5 millones de dólares en infraestructura desde el inicio de la alcaldía: cercado total, establos modernizados y traslado de aproximadamente 25 caballos pura sangre de razas andaluz y árabe, valuados individualmente en hasta 100 mil dólares. Además, posee vehículos de alta gama, entre ellos un BMW X6 M50i adquirido en agosto de 2021 a través de la empresa Servicio LUHOER S.A. de C.V., propiedad al 99% de su esposa, así como operaciones con empresas señaladas como presuntamente factureras en el expediente de Inteligencia Financiera estatal.
El boquete fiscal
La refiscalización ordenada por el Congreso del Estado de Tamaulipas sobre la cuenta pública municipal de 2021 de Matamoros reveló inconsistencias por 558 millones de pesos sin documentación suficiente y otros 26.6 millones sin aclarar. El titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Antonio Noriega Orozco, calificó las auditorías previas como “de chocolate” por carecer de sustento documental y transparencia. El daño no se detuvo en el Ayuntamiento. La misma refiscalización detectó irregularidades en la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAD) por 4 mil 900 millones de pesos. Ninguna observación fue solventada por la administración saliente. Las cuentas públicas de 2021, 2022 y 2023 permanecen sin aprobación por el Congreso del Estado al cierre de este reporte. A esto se sumó la deuda municipal: López Hernández recibió Matamoros con 25 millones de pesos de pasivos y la entregó con más de 120 millones, distribuidos entre obra pública inconclusa y adeudos a proveedores, según reporte del actual alcalde Alberto Granados.
Bajo la lupa de la Inteligencia Financiera
La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas detectó irregularidades por 558 millones de pesos en su cuenta pública de 2021, además de 4 mil 900 millones en anomalías en la Junta de Aguas y Drenaje del municipio. Las cuentas de 2021, 2022 y 2023 no han sido aprobadas por el Congreso del Estado. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Tamaulipas mantiene abierta desde diciembre de 2020 una carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculada a la documentación de las 20 propiedades en territorio tamaulipeco y en San Benito, Texas.
Cártel del Golfo
En abril de 2021, El Universal reveló que Evaristo Cruz Sánchez, alias “El Vaquero”, identificado como líder del Cártel del Golfo, figuró en la nómina de seguridad pública del Ayuntamiento de Matamoros desde el 1 de enero de 2018 —primer día de la gestión de López Hernández— con el cargo de “vigilante municipal” y un sueldo bruto de 10 mil 119 pesos mensuales. La información se sustentó en la Plataforma Nacional de Transparencia. Reportes adicionales señalaron que cuando autoridades estatales intentaron detener a “El Vaquero” en Matamoros, elementos de Tránsito Municipal bloquearon calles para facilitar su fuga. En 2024, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Agencia de Investigación Criminal iniciaron indagatorias adicionales por presuntos vínculos políticos y empresariales del exalcalde con José Alberto García Vilano, alias “La Kena” o Ciclón 19, líder de la facción de los Ciclones del CDG capturado en enero de ese año.
El interrogatorio de catorce horas
El 26 de septiembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) interceptaron a López Hernández —ya como diputado federal— en el Puente Internacional Viejo de Brownsville. Su camioneta Suburban blindada quedó estacionada del lado estadounidense del cruce. El legislador permaneció bajo interrogatorio durante más de 14 horas en oficinas del CBP. Fue liberado y devuelto a México la mañana del 27 de septiembre. Medios nacionales reportaron la revocación de su visa B1/B2. La revista Reforma lo incluyó en una lista de al menos 50 políticos mexicanos vinculados a Morena con visas retiradas por el gobierno estadounidense en el marco de su política de presión contra figuras con presuntos nexos con el crimen organizado. Fuentes de inteligencia citadas por El Tiempo Press confirmaron que López Hernández había estado bajo investigación del ICE y la DEA desde el inicio de su primera gestión, con foco en el rancho de San Benito y el crecimiento acelerado de su patrimonio en Texas.
Lo que viene
El fuero federal del diputado vence en agosto de 2027. A partir de esa fecha, los expedientes abiertos podrán avanzar sin el obstáculo procesal del desafuero. La propiedad en San Benito, Texas, representa además un activo potencialmente expuesto a procedimientos de decomiso bajo legislación federal estadounidense.
