Javier Duarte enfrenta nueva audiencia por peculado; FGR busca imputación que extienda su prisión
Duarte en tribunales: FGR busca imputarle delito de peculado

Javier Duarte regresa a tribunales en audiencia clave por presunto peculado

Este jueves 12 de febrero de 2026, el expriísta y exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, comparece nuevamente ante la justicia federal en una audiencia que podría definir su futuro legal. La Fiscalía General de la República (FGR) busca formalmente imputarle el delito de peculado, lo que representaría un nuevo revés en su proceso judicial y extendería su estancia en prisión.

Audiencia aplazada en tres ocasiones finalmente se realiza

La audiencia de imputación, programada para las 09:30 horas ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, había sido pospuesta en tres oportunidades anteriores. La última cancelación ocurrió el pasado lunes debido a problemas de salud de los abogados defensores del exmandatario veracruzano.

En esta ocasión, se prevé que Duarte sea acusado formalmente del presunto desvío de cinco millones de pesos del Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, hecho que habría ocurrido en el año 2012 durante su gestión como gobernador. Dada la ausencia de sus abogados particulares, el juez designará un defensor público federal para representar al acusado durante el procedimiento.

Implicaciones graves: hasta 14 años más de prisión

El delito de peculado, tipificado en el Artículo 223 del Código Penal Federal, contempla sanciones que van desde los tres meses hasta los catorce años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas económicas. Esta figura jurídica se aplica específicamente a servidores públicos que desvíen, se apropien o utilicen ilegalmente recursos del Estado para beneficio propio o de terceros.

De prosperar la imputación, Duarte vería frustrada su posible liberación programada para abril de 2026, fecha en la que cumpliría su condena actual de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Actualmente, el exgobernador ha cumplido el 95% de su sentencia, equivalente a 3,143 días de reclusión en el Reclusorio Norte.

Antecedentes judiciales recientes

En noviembre pasado, la jueza de Ejecución Penal Ángela Zamorano negó la libertad anticipada a Duarte al determinar que no había acreditado cabalmente el cumplimiento de los siete requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Particularmente, la magistrada señaló que la defensa no proporcionó evidencia suficiente sobre la realización de actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas durante sus más de ocho años de internamiento.

No obstante, la jueza reconoció que Duarte mantuvo buena conducta general, pese a algunas sanciones menores por introducir artículos no permitidos a su celda, como alcohol sólido y un módem, así como por alteraciones menores en la unidad médica del penal.

Tras esa decisión, el abogado defensor Pablo Campuzano de la Mora anunció que apelaría la sentencia, argumentando que su cliente no participó en el delito de desaparición forzada que se le había mencionado. Sin embargo, esta nueva audiencia por peculado introduce un capítulo completamente diferente en su situación legal.

Contexto del caso y próximos pasos

La imputación por peculado representa una nueva fase en el largo proceso judicial contra el exgobernador veracruzano, quien fue sentenciado originalmente mediante procedimiento abreviado. Los hechos que se le atribuyen en esta ocasión se remontan a más de una década atrás, durante su gestión al frente del gobierno estatal.

Los observadores jurídicos destacan que esta audiencia podría marcar un punto de inflexión, ya que de confirmarse la imputación, Duarte enfrentaría un nuevo proceso penal independiente del que actualmente cumple, con consecuencias potencialmente severas para su situación carcelaria y perspectivas de libertad.

El desarrollo de esta jornada judicial será crucial para determinar si el exfuncionario priísta, quien ya ha enfrentado múltiples procesos legales, deberá responder por nuevos cargos que podrían mantenerlo tras las rejas por varios años adicionales.