Diputada panista cuestiona constitucionalidad de facultades de la UIF
La diputada federal Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, manifestó su rechazo contundente a la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa.
"Claramente viola la Constitución"
En declaraciones realizadas desde San Lázaro, la legisladora del Partido Acción Nacional expresó: "Si me permiten, voy a contestar esta pregunta no como presidenta de la Cámara, sino como integrante de mi grupo parlamentario, como legisladora y lo voy a hacer a título personal. Primero que nada, por supuesto, yo respeto siempre las resoluciones de los demás poderes".
Sin embargo, López Rabadán fue enfática al señalar: "Me parece que es imposible compartir la definición que ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Bloquear o inmovilizar las cuentas sin que haya una resolución judicial claramente viola la Constitución, lo digo como abogada y desde mi perspectiva".
Precedente histórico y advertencias
La diputada recordó que en 2018, durante la administración anterior, se intentó implementar una medida similar, pero en aquella ocasión la Suprema Corte actuó como contrapeso y detuvo lo que calificó como un "exceso".
"Es claro que poder bloquear o inmovilizar una cuenta es altamente tentador para el régimen en turno", afirmó López Rabadán, quien advirtió sobre las consecuencias potenciales de esta decisión judicial.
Impacto en ciudadanos y empresas
La legisladora panista alertó sobre los posibles daños colaterales: "Me parece que es una decisión errónea, que va a lastimar a mucha gente y que esos errores de 'disculpe usted, le quité su patrimonio, le quité sus ahorros, le quité su empresa, y me doy cuenta meses o años después de que me equivoqué', pues en ese proceso muchas familias, muchos empleados dejarán de tener dinero para comprar la comida del siguiente día o de la siguiente quincena".
La postura de Kenia López Rabadán se suma a las voces críticas que han surgido desde diversos sectores políticos y sociales respecto a las amplias facultades otorgadas a la Unidad de Inteligencia Financiera, generando un intenso debate sobre el equilibrio entre la lucha contra el lavado de dinero y la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
