La incondicionalidad de la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, hacia el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya —acusado por Estados Unidos de ser cómplice del Cártel de Sinaloa junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios— ha generado la convicción en aquella entidad de que dará continuidad al proyecto político de su antecesor. Se trata de un cambio para que todo siga igual.
Permanencia de Dámaso Castro genera desconcierto
Lo que más desconcierta dentro y fuera de Sinaloa es la permanencia de Dámaso Castro, actual vicefiscal de la entidad, quien está en la lista de los diez que el Gobierno de Donald Trump solicitó sean detenidos y eventualmente extraditados a Estados Unidos. A diferencia de Rocha y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, que sí pidieron licencia el viernes pasado, el senador Enrique Inzunza y este vicefiscal sumamente cuestionado se aferran a sus cargos. La permanencia de Castro resta aún más credibilidad a la gobernadora interina, licenciada en trabajo social, dos veces diputada local, de quien en abril del año pasado Rocha Moya dijo que pasó de ser una “meserita” a legisladora gracias a la tómbola de Morena.
Cuestionamientos a la gestión de Bonilla en seguridad
Por la crisis de inseguridad que azota Sinaloa y las redes de protección gubernamental que amparaban al grupo delincuencial, se cuestiona a la ahora gobernadora interina por haber sido subsecretaria de Seguridad y encargada de despacho de esa dependencia, tras la renuncia del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo el 25 de agosto de 2023 como secretario de Seguridad Pública del Estado. Desde octubre del año pasado fungía como secretaria general de Gobierno, puesto en el que la antecedió el ahora senador por Morena, Inzunza Cázarez, también incluido en el grupo de diez sinaloenses acusados por Estados Unidos de ser narcopolíticos.
¿Un golpe de autoridad para sacudirse la presión?
Con esos antecedentes, la gobernadora interina podría sacudirse un poco de presión y dar un golpe de autoridad si separa de la vicefiscalía del Estado a Dámaso Castro. Además de los señalamientos de Washington, Castro fue el responsable de la investigación con la que la Fiscalía de Sinaloa quiso engañar y ocultar el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén, ocurrido en el mismo lugar donde citaron con engaños a Ismael “El Mayo” Zambada aquel 25 de julio de 2024, cuando “Los Chapitos” lo sometieron, lo subieron a una aeronave y lo llevaron a Estados Unidos.
El caso del asesinato de Cuén y la versión falsa
El cuento de que Cuén había sido asesinado en una gasolinera donde lo quisieron asaltar, y que quisieron documentar con un video prefabricado, quedó exhibido como falso cuando el abogado del “Mayo” difundió días después una carta con la versión de su cliente. En ella sostenía que “Los Chapitos” citaron al gobernador Rocha Moya y a Cuén para resolver diferencias por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y que fue ahí donde lo mataron. Por ese escándalo renunció la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones, cuando debió también renunciar Rocha Moya, y con muchos más motivos Dámaso Castro.
