En el gobierno de San Luis Potosí, dos altos funcionarios han sido señalados por el presunto uso de sus cargos para favorecer intereses privados vinculados al despacho Torsa Abogados. La firma, fundada por el actual secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, mantiene vínculos directos con él y con su esposa, Xitlálic Sánchez Servín, quien se desempeña como vicefiscal jurídica en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Acusaciones de conflicto de interés
De acuerdo con los señalamientos, ambos habrían operado en favor de clientes al aprovechar su posición dentro de la estructura pública, lo que ha encendido alertas por posibles conflictos de interés y uso indebido de funciones. Las acusaciones apuntan a que dichas gestiones se habrían realizado de manera simultánea a sus responsabilidades institucionales, lo que podría implicar una vulneración a los principios de imparcialidad y legalidad que rigen el servicio público.
Clientes del despacho Torsa Abogados acusan extorsión y engaño
Los antecedentes que rodean al matrimonio los mantienen bajo escrutinio constante. Torres Sánchez, identificado como fundador y socio principal del despacho, ha sido mencionado en distintos episodios que han marcado su trayectoria tanto en el ámbito público como privado. La firma legal tampoco ha estado exenta de cuestionamientos. Clientes han presentado denuncias en las que acusan presuntas prácticas de extorsión, engaño y manejo irregular de casos. Las quejas se concentran principalmente en la actuación de Francisco Torres Sánchez, hermano del funcionario, lo que ha extendido las críticas hacia el entorno cercano del secretario.
A estos señalamientos se suma su mención en 2017 en el caso conocido como la “ecuación corrupta”, un esquema que involucró, según investigaciones, presiones de diputados locales y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre alcaldes. A estos últimos se les habría ofrecido “limpiar” observaciones a cambio de un porcentaje de los recursos detectados. El expediente documenta además que la ASE confirmó desvíos por más de 11.3 millones de pesos en operaciones del Congreso durante el periodo 2015-2017. En ese contexto, Torres Sánchez fue incluido en una lista de 16 exdiputados señalados por su presunta participación en dichas irregularidades, un antecedente que continúa presente en su historial público.
También se le ha vinculado con operaciones relacionadas con empresas fantasma y la cancelación de facturas por aproximadamente 88 mil pesos, presuntamente ligadas a apoyos sociales inexistentes. El despacho Torsa Abogados aparece igualmente relacionado con asuntos de alto impacto económico, como el contrato de la empresa PANAVI para el suministro de luminarias, cuyo monto habría pasado de cerca de 1,200 a más de 1,400 millones de pesos. Asimismo, la firma participó como asesor legal de Interapas en un periodo en el que se realizó un pago cercano a 4 millones de pesos a la empresa Ibarrola y Oseguera S.A. de C.V. Esta operación derivó en denuncias por peculado y uso ilegítimo de atribuciones contra otros servidores públicos, aunque sin imputaciones directas contra Torres Sánchez o el despacho.
Presiones a autoridades educativas para obtener títulos
En el caso de Xitlálic Sánchez Servín, las críticas se centran en su posición dentro de la Fiscalía General de San Luis Potosí, donde su área tiene incidencia en criterios jurídicos, resoluciones internas y análisis vinculados al ejercicio de la acción penal. En este contexto, el matrimonio busca acceder a la titularidad de una notaría, pese a cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos de experiencia y documentación. Prueba de ello es una solicitud para agilizar un trámite académico ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), relacionada con la expedición de documentos para obtener una especialidad, evidenció la participación de Sánchez Servín en el proceso para acceder a la notaría. El hecho ha derivado en nuevos cuestionamientos por un posible conflicto de interés.
De acuerdo con un escrito fechado el 16 de octubre de 2025 en San Luis Potosí, un particular pidió la intervención de la institución para dar seguimiento a un trámite administrativo vinculado con la emisión de diploma, título o certificado en posgrado de derecho notarial para Xitlálic Sánchez Servín, alumna de la Universidad La Salle, con matrícula 503759. El documento, dirigido a la dependencia, expone que la gestión corresponde a la emisión de la equivalencia y acreditación de estudios, un requisito indispensable para concluir formalmente una especialidad. En el mismo se solicita la intervención de la instancia federal para “agilizar” la resolución del trámite.
El caso adquiere relevancia porque dichos documentos (que no presentó) habrían sido requeridos para participar en la Convocatoria al examen por oposición para ocupar la titularidad de la Notaría Pública número 40 del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, publicada el miércoles 05 de noviembre de 2025. Un elemento que resulta relevante es que, antes de la emisión de esa convocatoria, Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí y esposo de Xitlálic Sánchez Servín, envió al Congreso del Estado una reforma a la Ley del Notariado para el Estado de San Luis Potosí, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2024. Entre los cambios señalados en el material, se menciona la eliminación de requisitos relacionados con experiencia y conocimientos en materia notarial, así como la supresión de la exigencia de contar con tres años de cédula profesional para estar al frente de una notaría. La eventual obtención de este espacio, sumada a su relación con el despacho Torsa Abogados, podría ampliar su cartera de clientes y generar ventajas derivadas de sus cargos públicos.
