La Fiscalía General de la República (FGR) ha determinado que la solicitud de Estados Unidos para detener provisionalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales carece de fundamentos sólidos. La petición, realizada por la Fiscalía General del Distrito Sur de Nueva York, no incluye pruebas que acrediten la comisión de un delito ni justifiquen la urgencia de la medida cautelar, según informó Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.
Falta de justificación y pruebas
La solicitud estadounidense, canalizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no constituye un procedimiento de extradición formal, sino una medida cautelar para evitar la fuga de los acusados. Sin embargo, tras un análisis riguroso basado en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y el artículo 17 de la Ley de Extradición, la FGR concluyó que no existen elementos que respalden la urgencia de la detención.
Jiménez Vázquez detalló tres puntos clave: primero, la solicitud carece de referencias, motivos o evidencia que expliquen por qué es urgente la detención provisional; segundo, no hay pruebas anexas que acrediten la presunta comisión de un delito; y tercero, la difusión pública de esta información pone en riesgo el debido proceso, ya que una detención provisional restringe derechos humanos y requiere fundamentos sólidos.
Solicitud formal de evidencia
Ante la falta de elementos probatorios, la FGR anunció que enviará una comunicación oficial a la cancillería para solicitar a Estados Unidos todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios. Esta entrega de información deberá realizarse por vías que garanticen la confidencialidad, y solo tras analizar esta documentación la fiscalía podrá fijar un posicionamiento institucional respecto a la solicitud contra Rubén Rocha Moya y los otros nueve señalados.
Investigaciones paralelas en México
Paralelamente al proceso diplomático y legal con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la FGR reiteró que ya se llevan a cabo investigaciones propias sobre los posibles hechos ocurridos en territorio mexicano, actuando bajo el paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho. La dependencia subrayó su compromiso con la procuración de justicia, afirmando que nada ni nadie está por encima de la ley.
