La Fiscalía General de la República (FGR) ha respondido a la solicitud de Estados Unidos para la detención provisional de ocho funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa y el alcalde de Culiacán, acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado. En una conferencia de prensa, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, declaró que no existe ninguna referencia, motivo, fundamento ni evidencia que permita a las autoridades mexicanas comprender la urgencia de la detención solicitada por el gobierno estadounidense.
Falta de pruebas
Jiménez Vázquez reiteró que la solicitud no fue acompañada de pruebas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable la medida cautelar. La FGR, por lo tanto, se comunicará con la cancillería mexicana para solicitar todos los documentos, informes, argumentos y pruebas necesarios, con el fin de poder fijar una postura institucional clara.
Análisis conforme a la ley
El análisis del caso se realizó en estricto apego a la normativa del tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, así como a las atribuciones conferidas por la legislación mexicana. La FGR subrayó que su actuación se ha guiado por el marco legal vigente, sin anticipar decisiones hasta contar con todos los elementos requeridos.
