Opacidad en el Poder Judicial: PJF y Senado ocultan renuncias de jueces electos
A seis meses de la histórica primera elección judicial en México, el Poder Judicial de la Federación (PJF) mantiene un velo de opacidad sobre el número de juzgadores electos por voto popular que han renunciado a sus cargos. Pese a que desde el año pasado se registraron las primeras dimisiones, el PJF se niega a proporcionar datos específicos, reflejando graves vacíos legales y administrativos derivados de la reforma judicial de 2024.
Deslinde de responsabilidades entre instituciones
Mediante solicitudes de transparencia, se ha verificado que el PJF no está dispuesto a dar a conocer cuántos juzgadores electos el 1 de junio de 2025 decidieron renunciar. Las peticiones, dirigidas al Órgano de Administración Judicial (OAJ) del PJF y al Senado de la República, solicitaban detalles como el número de renuncias, los cargos afectados, los circuitos de adscripción, las razones manifestadas y el estado de aprobación.
En su respuesta, el Senado afirmó que "no es facultad, competencia ni función de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios" conocer esta información hasta que las renuncias sean mayores a un mes y aprobadas por el órgano respectivo. Curiosamente, el órgano legislativo remitió la responsabilidad al Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de que la Constitución, en su artículo 76, fracción VIII, establece que es facultad exclusiva del Senado otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de los integrantes del PJF.
Primera renuncia documentada y respuestas evasivas
En noviembre de 2025, apenas dos meses después de asumir el cargo, se registró la primera renuncia de un juez federal electo por voto popular: Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco. Su renuncia fue recibida el 4 de noviembre de 2025 en la Comisión de Justicia del Senado, según documentos oficiales.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que, conforme a la Constitución, el Senado debe informar al INE para que este indique quién obtuvo el segundo lugar en la votación y así sustituya al juez renunciante. Sin embargo, el OAJ, encargado de recibir y remitir las renuncias al Senado, respondió que no cuenta con la información desglosada y no la consideró un ejercicio válido del derecho de acceso a la información, argumentando que no existe obligación de elaborar documentos ad hoc.
Retrasos administrativos y reorganización caótica
La falta de transparencia se agrava por retrasos administrativos. Hasta el 24 de febrero de 2026, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) no tenía un área de recursos humanos, ya que fue eliminada en la reforma judicial. Según respuestas oficiales, la extinción del Consejo de la Judicatura y la eliminación de la Oficialía Mayor, que incluía la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, dejaron un vacío estructural.
El Congreso de la CDMX estableció un plazo de 180 días naturales para que el Tribunal Superior de Justicia y el OAJ realizaran ajustes en las estructuras orgánicas. No obstante, al momento de la respuesta del PJCDMX, habían transcurrido 165 días sin avances significativos. Fue hasta el 24 de febrero, en el día 177, que el OAJ publicó su nuevo Reglamento Interior, reasignando la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos a la Secretaría Ejecutiva de Administración. Durante cinco meses, el PJCDMX careció de un área encargada de procesar datos, como lo demostró la renuncia de Yolanda Carolina Salcedo Pérez, juez en Adopción Nacional e Internacional, presentada el 5 de febrero de 2026.
Esta situación subraya la confusión institucional y la opacidad que rodea a la implementación de la reforma judicial, dejando a la ciudadanía sin acceso a información crucial sobre la estabilidad y transparencia del sistema judicial electo.
