Sin avances en investigación de presunta red de prostitución de niñas en escuela de Tijuana
Sin avances en caso de prostitución de niñas en Tijuana

Sin avances en investigación de presunta red de prostitución de niñas en escuela de Tijuana

La comunidad escolar de la Escuela Secundaria No. 6 “Ignacio Zaragoza”, ubicada en Tijuana, Baja California, se encuentra sumida en la alarma y la incertidumbre tras las denuncias de madres de familia sobre un presunto intento de reclutamiento de alumnas de entre 13 y 14 años para sostener relaciones íntimas con hombres adultos en hoteles del centro de la ciudad. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido avances significativos en el caso, lo que ha generado preocupación entre las familias afectadas.

Detalles de las denuncias y la respuesta inicial

Según las acusaciones difundidas en redes sociales, varias estudiantes habrían intentado convencer a sus compañeras de asistir a encuentros con adultos mayores a cambio de beneficios, lo que implicaría un intento de explotación sexual de menores. Las madres estiman que al menos 10 alumnas de primero y segundo año fueron abordadas dentro o fuera de las instalaciones del plantel. Una denuncia específica relata que una menor que rechazó la propuesta fue seguida al salir de la escuela por al menos dos compañeras, lo que motivó que una madre resguardara a la estudiante en una primaria cercana hasta la llegada de la policía y su familia para asegurar su protección.

Las madres han advertido que la escuela inicialmente minimizó la situación, señalando que se trataba de una “broma”, lo que ha aumentado la preocupación ante la gravedad de los hechos alegados. Esta respuesta ha sido criticada por no tomar en serio las posibles vulneraciones a los derechos de las menores.

Reacción de autoridades y contexto más amplio

Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación de Baja California ni de la Fiscalía General del Estado sobre la denuncia específica en la Secundaria No. 6 “Ignacio Zaragoza”. Tampoco se han difundido citaciones o carpetas de investigación confirmadas públicamente, por lo que la versión actual proviene principalmente de testimonios de familias y redes sociales.

En otros casos de violencia o delitos en escuelas de Tijuana, como en la Secundaria Número 1 “Presidente Lázaro Cárdenas”, autoridades han abordado temas de seguridad, protocolos y supervisión, aunque estos incidentes no estaban relacionados con reclutamiento sexual. Expertos y autoridades han documentado que en México la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante distintos tipos de violencia, incluido el reclutamiento para actividades delictivas o explotativas, es un problema persistente que requiere mecanismos especializados de protección y atención.

Pronunciamiento legislativo y llamado a la acción

Yohana Gilvaja, legisladora en el Congreso de Baja California, se ha pronunciado con firmeza sobre el caso, afirmando que no se puede permitir que circunstancias como las denunciadas en Tijuana sean vistas como algo habitual o trivial. Desde la tribuna legislativa, enfatizó que este tipo de hechos “no pueden normalizarse” y subrayó la urgencia de una respuesta institucional contundente para salvaguardar la integridad de las menores.

Gilvaja exigió la apertura de una investigación inmediata y la implementación de acciones coordinadas entre autoridades educativas, de seguridad y de procuración de justicia, con el objetivo de desarticular cualquier posible red de trata o explotación. Recalcó que “proteger a nuestras niñas no admite demoras” y urgió a adoptar medidas preventivas y de seguimiento para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes ni se repitan en otras comunidades.

El caso pone de relieve los retos legales y de registro que enfrenta México para identificar y atender adecuadamente situaciones de explotación sexual infantil, según un informe publicado por la Cámara de Diputados. La falta de avances en la investigación mantiene en vilo a la comunidad, que espera respuestas concretas y acciones efectivas para proteger a las menores afectadas.