Exalcalde de Tequila enfrenta proceso por secuestro de precandidatos morenistas
En un caso que ha conmocionado al estado de Jalisco, el juez de control Mario Elizondo Martínez ha vinculado a proceso al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, conocido con el alias "El Presidente", junto a dos de sus colaboradores directos. Los cargos se centran en delincuencia organizada con fines de secuestro agravado, específicamente en perjuicio de dos aspirantes a la presidencia municipal de dicho municipio durante el año 2021.
Detalles del caso y vinculación a proceso
Durante la audiencia de imputación, el juez validó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales acusan a Rivera Navarro del secuestro, golpiza y tortura de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez. Estas víctimas eran precandidato y suplente, respectivamente, de Morena para la alcaldía de Tequila en aquel año.
Según la investigación, los hechos ocurrieron en marzo de 2021, cuando los aspirantes políticos fueron privados de su libertad y sometidos a actos de violencia con el objetivo de forzar su renuncia a las aspiraciones políticas. El juez otorgó un plazo de cuatro meses a la FGR para completar la investigación complementaria del caso.
Medidas cautelares y ubicación de los acusados
En la misma resolución, se ratificó la prisión preventiva oficiosa para todos los implicados, lo que significa que enfrentarán su proceso penal desde la cárcel. Diego Rivera Navarro, quien ha sido señalado de mantener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Por su parte, los otros dos acusados, identificados como Juan Manuel Pérez Sosa (director de Seguridad Pública) y Juan Gabriel Toribio Villareal (director de Catastro Municipal), continuarán privados de su libertad en el penal federal número 14, ubicado en el estado de Chiapas. Ambos son considerados presuntos cómplices en los delitos de secuestro agravado.
Contexto político y reacciones
Este caso se enmarca en un contexto de violencia política en la región, donde la intimidación a candidatos y aspirantes ha sido una preocupación constante. La vinculación a proceso de un exfuncionario municipal de alto nivel, además de sus colaboradores, subraya la gravedad de las acusaciones y el compromiso de las autoridades judiciales por investigar a fondo estos hechos.
Mientras tanto, el Gobierno de Jalisco ha anunciado la destinación de 500 millones de pesos para reactivar económicamente el municipio de Tequila, una medida que busca contrarrestar los efectos negativos de este escándalo en la comunidad. Sin embargo, la atención pública sigue centrada en el desarrollo del proceso penal, que promete ser uno de los más seguidos en la entidad en los próximos meses.
