La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha solicitado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que revise la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar al próximo 5 de junio, debido a que esta medida podría vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Riesgos para los menores
En un comunicado oficial, el organismo defensor de derechos humanos señaló que adelantar las vacaciones escolares, motivado por las altas temperaturas y la celebración del Mundial de Fútbol 2026, podría dejar a los menores en una situación de vulnerabilidad al permanecer en sus hogares mientras sus tutores continúan trabajando. La CNDH enfatizó que las jornadas laborales de los adultos no se reducirán de manera paralela al ajuste del calendario escolar.
Afectaciones documentadas
La CNDH recordó que, según su Informe Especial sobre el “Impacto de la Pandemia por COVID-19 en el Derecho a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes en México”, los menores son propensos a sufrir afectaciones en sus dimensiones física, motora, cognitiva, emocional y social a corto, mediano y largo plazo cuando se interrumpe su rutina escolar.
“Es importante tomar en consideración que dichas disposiciones únicamente impactan en las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes, no así en las jornadas laborales de las personas cuidadoras, provocando que niñas y niños permanezcan solos en el hogar. Esta situación contradice el principio del interés superior de la niñez, pues coloca a los menores en un estado de vulnerabilidad al privarlos del acompañamiento y cuidado que requieren para su desarrollo integral”, refirió el organismo.
Críticas a la estrategia temporal
La Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que la estrategia temporal responde a la necesidad de resolver problemáticas públicas en el marco del Mundial de Fútbol de 2026. Sin embargo, señaló que no ofrece una solución duradera, eficiente ni eficaz; por el contrario, traslada la carga de las obligaciones públicas a las personas cuidadoras, lo que repercute directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes y de quienes los cuidan.
Advirtió que, en algunos casos, los tutores de los menores no cuentan con redes de apoyo suficientes para garantizar su debida protección y atención, lo que incrementa el riesgo de que sufran diversos tipos de violencia. Esto contraviene lo establecido en el artículo 17, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Llamado a la acción
El organismo sostuvo que cualquier modificación al calendario escolar debe analizarse bajo el principio del interés superior de la niñez, con perspectiva de género y un enfoque integral de derechos humanos. Además, recordó que tras la pandemia de COVID-19 ya se documentaron daños importantes en el desarrollo infantil derivados del aislamiento y la falta de acompañamiento escolar.
