El 10 de mayo México celebra a las madres. Entre flores, reuniones familiares y mensajes de reconocimiento, se honra una figura que históricamente ha sido asociada con el amor y la entrega. Sin embargo, esto nos coloca frente a una pregunta que no podemos seguir postergando: ¿quién sostiene realmente las tareas de cuidado en los hogares de nuestro país y en qué condiciones?
La respuesta es tan evidente como preocupante. En México, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres invierten 18.2 horas. La diferencia de 21.5 horas semanales no solo representa una brecha de tiempo; refleja una desigualdad estructural que limita oportunidades, restringe libertades y condiciona el ejercicio pleno de derechos.
Un problema público con impacto económico
Durante décadas, el cuidado ha sido tratado como un asunto privado, casi naturalizado como una responsabilidad femenina. Sin embargo, hoy sabemos que se trata de un auténtico problema público. Basta observar su impacto económico: en 2024, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado alcanzó un valor equivalente al 23.9% del Producto Interno Bruto nacional, superando incluso sectores como el comercio (19.6%), la industria manufacturera (18.1%) y los servicios educativos (3.6%).
Estos datos son reveladores. Lo que ocurre dentro de los hogares sostiene, en gran medida, el funcionamiento de la economía y de la vida social. Cocinar, limpiar, acompañar a niñas y niños, atender a personas mayores, brindar apoyo a quienes viven con discapacidad o dependencia, son labores indispensables para la reproducción cotidiana de la vida. Sin embargo, siguen siendo invisibilizadas y, sobre todo, desigualmente distribuidas.
La dimensión social y el reconocimiento internacional
En México, 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares. De las 31.7 millones de personas que brindan cuidados dentro o fuera de sus hogares, el 75.1% son mujeres. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció expresamente el derecho al cuidado en la Opinión Consultiva 31/2025, estableciendo que el cuidado constituye un medio indispensable para el goce del derecho a una vida digna, pues permite a las personas desarrollarse integralmente y sostener su proyecto de vida.
La Corte definió que recibir cuidado, o contar con las condiciones adecuadas para brindarlo, implica que toda persona debe contar con tiempo, espacios y recursos para cuidar, ser cuidada o procurarse condiciones de bienestar integral. Asimismo, señaló que la distribución desigual de las cargas de cuidado no remunerado, basada en estereotipos de género, constituye una forma de discriminación estructural contra las mujeres. Este reconocimiento obliga a los Estados a adoptar medidas normativas, institucionales y presupuestales que permitan garantizar el derecho al cuidado bajo un principio de corresponsabilidad.
Impacto en la participación política y laboral
El tema no es ajeno a la vida pública ni al ámbito electoral. La sobrecarga de cuidados impacta directamente en la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en su incorporación al mercado laboral, en su desarrollo profesional y en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Cuando millones de mujeres destinan gran parte de su tiempo al cuidado no remunerado, se generan barreras reales para su presencia en la vida pública.
Por ello, el día después de celebrar a las madres debe invitarnos a mirar más allá del reconocimiento simbólico. Honrar a las madres no puede reducirse a un solo día de flores, felicitaciones o discursos emotivos. Implica reconocer la carga histórica que muchas de ellas han asumido en silencio: sostener la vida cotidiana, cuidar de hijas e hijos, acompañar a personas mayores, atender enfermedades, organizar los hogares y, en innumerables casos, hacerlo al mismo tiempo que participan en el ámbito laboral y comunitario.
Detrás de cada celebración existe una realidad que exige ser visibilizada y transformada. El verdadero homenaje está en reconocer su trabajo, redistribuir estas responsabilidades y garantizar que el derecho al cuidado es también una forma de justicia.
Consejera Electoral del IEEM
