La cruda realidad de la violencia contra migrantes en México
Desde su creación, la Fundación para la Justicia ha brindado acompañamiento a familiares de personas migrantes que han enfrentado graves violaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones y masacres perpetradas tanto por actores estatales como no estatales. Esta trayectoria ha permitido a la organización no solo documentar estas atrocidades, sino también colaborar estrechamente con las familias afectadas y las autoridades para impulsar el acceso a la justicia, exigir la verdad sobre los hechos, lograr una reparación integral del daño y garantizar que estos crímenes no se repitan.
La insuficiencia de los registros oficiales
Uno de los principales obstáculos en la búsqueda de soluciones es la ausencia de un registro oficial confiable sobre las violencias que sufre la población migrante. Aunque la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación mantiene un conteo, este dista mucho de reflejar la realidad: para 2025 reportó únicamente 35 personas migrantes en situación irregular que sufrieron algún delito en territorio mexicano. Estos datos se basan en declaraciones realizadas por migrantes antes de ingresar a estaciones migratorias, pero es crucial considerar que la mayoría evita denunciar ante las autoridades por temor a ser detenidos y deportados. Además, no todas las personas migrantes son detenidas, lo que significa que estas cifras están drásticamente subestimadas.
Un monitoreo que revela la verdad oculta
Ante esta situación, la Fundación para la Justicia emprendió un ejercicio de monitoreo de prensa de alcance nacional para aproximarse a la realidad de las violencias múltiples que enfrentan los migrantes en México. Este análisis se realizó mediante búsquedas en medios digitales durante todo 2025, utilizando palabras clave relacionadas con diversos tipos de agresiones. Aunque este método tampoco permite alcanzar una cifra exacta, resulta mucho más útil para identificar patrones y casos relevantes que el registro gubernamental.
Los hallazgos son alarmantes: entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, se documentaron al menos 1,236 hechos de violencia contra personas migrantes. La distribución de estos casos incluye:
- 457 secuestros
- 352 casos de tráfico de personas
- 144 situaciones de hacinamiento
- 75 accidentes
- 65 extorsiones
- 59 robos o asaltos
- 43 casos de trata de personas
- 16 desapariciones
- 11 asesinatos
Concentración geográfica y perfil de las víctimas
La mayoría de estos hechos violentos se concentró en estados que forman parte de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos:
- Chihuahua (433 casos)
- Coahuila (217 casos)
- Chiapas (167 casos)
- Durango (128 casos)
- San Luis Potosí (87 casos)
- Oaxaca (38 casos)
- Ciudad de México (32 casos)
- Guanajuato (28 casos)
- Quintana Roo (23 casos)
- Jalisco (19 casos)
En total, se identificaron 1,191 víctimas migrantes, de las cuales se pudo especificar que 139 eran mujeres, 158 hombres y 47 menores de edad. El mes con mayor número de víctimas fue septiembre (379), principalmente debido a tres eventos masivos que involucraron tráileres con más de 100 migrantes en condiciones de hacinamiento y abandono.
Nacionalidades y perpetradores
Solo fue posible identificar la nacionalidad de 701 personas migrantes. De este total:
- 30.4% provenían de Guatemala
- 29.4% eran de origen mexicano
- 14.1% eran de origen cubano
- 5.3% eran de nacionalidad ecuatoriana
- 4.6% de la India
También se registraron víctimas de origen venezolano, colombiano, haitiano, chino y hondureño en porcentajes menores.
En 60 de las 101 notas de prensa analizadas fue posible caracterizar a los presuntos perpetradores:
- 32 referencias a secuestradores
- 14 a traficantes de personas
- 5 a tratantes de personas
- Con menor frecuencia: asaltantes, extorsionadores, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, y funcionarios del Instituto Nacional de Migración (8% corresponden a actores estatales)
Impunidad y omisión estatal
Estos datos representan solo una parte visible del problema, ya que la falta de denuncias dificulta estimar la verdadera amplitud de las violencias. Sin embargo, este ejercicio de monitoreo acerca a la realidad y permite exigir a las autoridades que atiendan la violencia contra migrantes, especialmente considerando que se estima que la impunidad en los delitos cometidos contra esta población ronda el 99%.
En un contexto de criminalización persistente de la migración, es fundamental recordar que todas las personas en territorio mexicano tienen derecho a la integridad y seguridad personal, independientemente de su origen y condición migratoria. Por lo tanto, es obligación del Estado prevenir y atender los fenómenos de violencia contra personas en situación de movilidad, especialmente grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Lamentablemente, el Estado no solo ha sido omiso en prevenir esta violencia, sino que también ha sido cómplice al actuar, directa o indirectamente, en la comisión de estas agresiones. Esto ocurre a través de las Fuerzas Armadas, la colusión con grupos criminales o mediante políticas migratorias restrictivas y discriminatorias. La falta de investigación es otra omisión estatal que ha favorecido la impunidad y la repetición de violencias, como evidencian los tres casos de desapariciones masivas ocurridas en 2024 en Chiapas, donde aún se desconoce el paradero de 83 migrantes.
Una realidad ignorada
Aunque la política migratoria impuesta por Trump ha reducido drásticamente los intentos de cruce fronterizo, la migración forzada persiste y sigue siendo aprovechada por grupos delincuenciales para cometer delitos. Esta es una realidad que no se registra adecuadamente y no es atendida por el Estado.
En la práctica, se observa un olvido y desinterés hacia las víctimas. Recientemente, Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración, recibió un nuevo nombramiento, lo que fue recibido con indignación por sobrevivientes y familiares de los 40 migrantes fallecidos en el incendio de la estación de Ciudad Juárez en 2023. Este acto envía un mensaje claro: los hechos violentos contra la población migrante continuarán con total impunidad.
* Raúl Rosales Ochoa es investigador de la Fundación para la Justicia (@FJEDD).
