Resolución de la Corte sobre congelamiento de cuentas genera alerta por concentración de poder
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una resolución que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, una decisión que según expertos representa una peligrosa concentración de poder en el Ejecutivo federal.
Un estándar "laxísimo" que vulnera derechos
La analista María Amparo Casar advierte que este nuevo estándar es "laxísimo", ya que basta con que la UIF considere que existen "indicios suficientes" de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo para proceder al bloqueo de cuentas. Esta medida afectaría tanto los ahorros de toda la vida de ciudadanos comunes como el capital de operación de empresas de cualquier tamaño.
"Esta decisión rompe con la jurisprudencia construida durante años", señala Casar, quien explica que anteriormente se exigía la intervención de un juez para afectar el patrimonio de una persona, garantizando así un debido proceso.
Ciudadanos y empresas en total indefensión
La nueva determinación deja al ciudadano en una situación de indefensión total, según los análisis especializados. Mientras las personas afectadas tienen plazos estrictos para intentar probar su inocencia, la UIF no cuenta con un tiempo límite para resolver los casos, lo que puede llevar a procesos de hasta dos años de duración.
Durante ese prolongado periodo, las consecuencias pueden ser devastadoras:
- Las empresas pueden verse obligadas a declararse en quiebra por falta de capital de operación
- Los ciudadanos quedan imposibilitados para atender emergencias personales o familiares
- Se carece de recursos económicos para contratar defensa legal adecuada
- La presunción de inocencia se ve seriamente comprometida
Discrecionalidad absoluta y riesgos institucionales
La resolución otorga una discrecionalidad absoluta a la presidencia a través de la UIF, creando un mecanismo que podría ser utilizado de manera arbitraria. Esta concentración de poder sin contrapesos judiciales representa, según los analistas, un retroceso en las garantías individuales y en la protección del patrimonio ciudadano.
El sistema anterior, que requería orden judicial para el congelamiento de cuentas, había sido construido a lo largo de años como una salvaguarda fundamental contra posibles abusos de autoridad. Su eliminación mediante esta resolución de la Corte marca un punto de inflexión preocupante en la relación entre el Estado y los derechos patrimoniales de los ciudadanos.
